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La Subsecretaría de Rentas del Atlántico ha puesto en marcha operativos de control para evitar la comercialización y consumo de licor de adulterado y de contrabando en los municipios durante la temporada de Carnaval.

En medio de esa estrategia, las autoridades departamentales han realizado más de 200 visitas a establecimientos del Área Metropolitana de Barranquilla y municipios vecinos, donde se han decomisado cerca de 2.100 botellas de licor de contrabando y/o adulterado, así como 1.200 cartones de cigarrillo de contrabando.

Gonzalo Gutiérrez Diazgranados, subsecretario de Rentas del Atlántico, explicó que para estos operativos los funcionarios se valen del código ‘Syctrace’, que permite rastrear el licor a consumir, desde su origen hasta su destino, y el mismo puede ser descargado desde cualquier dispositivo Android.

'El rastreo se hace a través de la lectura del código QR en la estampilla de los envases de licor, y al leerlos le muestra, en forma rápida, la clase de bebida, volumen de contenido, los grados de alcohol, el departamento de origen y destino hacia el que fue autorizado para su distribución', explicó el funcionario.

De acuerdo con Gutiérrez, cuando el lector del código se demora en mostrar la información del licor a rastrear, es motivo para desconfiar de su origen, y el consumidor puede, desde la misma aplicación, hacer la denuncia por la estampilla fraudulenta.

'A parte del perjuicio que genera la adulteración y contrabando de licor a las finanzas del departamento, lo más importante es la salud de las personas’', agregó el funcionario.

En medio de este plan, las Gobernación del Atlántico también ha realizado charlas y activaciones para crear conciencia entre los distribuidores y consumidores, así como busca reducir los riesgos en la salud de propios y turistas.

'Las personas deben entender que al ejercer esta práctica, está en riesgo su vida y que lo barato sale caro. Por eso le decimos a la gente: ‘Compra legal no te dañes tu carnaval’', explicó Gutiérrez.

Estas charlas se han realizado de forma conjunta con las secretarías de Salud e Interior para que la ciudadanía pueda identificar las bebidas alcohólicas adulteradas y desconfiar de productos cuyos precios estén por debajo del oficialmente establecido.