La Agencia de Defensa Jurídica del Estado informó que luego de dos años 'de intenso litigio', coordinó la presentación de una 'contundente' estrategia de defensa en el caso de Gas Natural Fenosa por Electricaribe.
El valor estimado de la reclamación de Colombia asciende a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses. En diciembre del año pasado, la Agencia de Defensa anunció una demanda de reconvención a Naturgy, cuyas pretensiones se conocieron ayer.
Reportó el ente que entre el 5 y el 13 de diciembre se llevó a cabo la audiencia en el arbitraje de inversión iniciado por Naturgy (antes Gas natural Fenosa) en las instalaciones del CIADI, en Washington D.C.
En este sentido dijo además que en junio de 2018, Gas Natural reclama a Colombia pretensiones por $1.547 millones de dólares, con fundamento en el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Y que los reclamos de Gas Natural por su inversión en Electricaribe incluyen supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas; principio de trato nacional y expropiación.
'Durante la audiencia, el equipo de defensa de Colombia se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los 7 departamentos de la Costa Caribe. Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe para garantizar el suministro de electricidad en la Región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia. La intervención de Electricaribe no fue un acto político y no constituye una expropiación, como alega Gas Natural', se lee en el comunicado.
Por ello, 'ante la precaria situación financiera de Electricaribe por una decisión de negocio de Gas Natural', la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó, a finales del año pasado, una demanda de reconvención en contra de Gas Natural por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe.
La demanda se fundamenta en que Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región; las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la Región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos; Colombia recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada; y la administración de Gas Natural en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa.
'La Nación es dueña del 6.56% de las acciones de Electricaribe, que pierden valor en la medida que la empresa se desvaloriza', indicó la Agencia.
Opiniones
La representante Martha Villalba –sobre la demanda de Naturgy a Colombia– dijo que le parece lógico que se esté acudiendo a instancias extrajudiciales buscando dirimir el conflicto entre Naturgy y el Estado colombiano a través de arbitraje internacional cuyo pronunciamiento será en equidad y no en derecho.
Sin embargo, justificó la acción de Colombia en su momento, pues se actuó de forma responsable y en defensa de los intereses del Estado.
'Haber recurrido a un arbitraje internacional es causa de una contrademanda que hace el Estado colombiano frente a la demanda inicial de Naturgy, y confiamos que en 2020 haya laudo a nuestro favor debido a los argumentos presentados por la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado en este conflicto por el caso de Electricaribe', dijo.
El senador Efraín Cepeda sostuvo que la empresa puso a la región Caribe colombiana ad portas de un apagón por los 'malos manejos que hicieron', de manera que cualquier intento de buscar un laudo arbitral será como 'los pájaros tirándole a las escopetas, porque son ellos los que nos deben por el maltrato a la región Caribe colombiano'.
'Rechazamos cualquier pretensión de los anteriores propietarios, hoy no lo son, perdieron definitivamente la propiedad porque los pasivos son más grandes que los activos y hoy lo que estamos es en búsqueda del nuevo operador', agregó.
El representante César Lorduy dijo que el Estado colombiano tiene los instrumentos, distintos de la expropiación, (que no se ha presentado en ninguna oportunidad) para garantizar la prestación del servicio y la obligación que la ley le permite o intervenirla única y exclusivamente para garantizar la prestación de este servicio.
