Las razones expuestas por Carlos Prasca para renunciar a la rectoría de la Universidad del Atlántico fueron la causa de una 'extenuante discusión sobre conceptos legales' durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior que se llevó a cabo el pasado viernes.
Esta situación ha abierto un debate sobre la legalidad de la dimisión de Prasca, que se hará efectiva después del 16 de diciembre, cuando finalice su periodo de vacaciones.
En medio de esta discusión, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas expusieron su preocupación debido a la posibilidad de que dicha renuncia pueda ser declarada como 'ilegal'.
Así lo evidenciaron los alumnos por medio de un documento que elaboraron tras la asamblea de dicha facultad, la cual se desarrolló el pasado martes y en la cual ratificaron el paro indefinido que fue decretado el pasado 25 de octubre.
En la misiva, los estudiantes sostuvieron que la decisión de Prasca de separarse del cargo no fue 'espontánea e inequívoca', como lo indica el decreto 648 de 2017. En su carta de renuncia, Prasca indicó que su decisión se encontraba 'motivada por amenazas en su contra'.
'El rector planteó que fue, supuestamente, forzado a abandonar su cargo (aunque no ha presentado evidencia alguna de ello), por lo que se abre la posibilidad a que una autoridad judicial pueda declarar ilegal su renuncia', indicaron.
Asimismo, expusieron que el Consejo Superior superó el término legal para la entrada en vigor de la renuncia, teniendo en cuenta que el decreto 648 de 2017 expone que tras presentado el escrito debe expedirse el acto administrativo para determinarse la fecha en que se hará efectiva y que no podrá superar los 30 días.
'Si Prasca presentó su renuncia el primero de noviembre, no es posible que la resolución de aceptación se hará efectiva solo hasta el 17 de diciembre. De acuerdo a la norma citada, el plazo máximo para su ejecutoria sería el primero de diciembre', expuso Jonathan Quintero, estudiante de Derecho de la Uniatlántico.
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas también pusieron de presente que 'la estrategia de Prasca de condicionar su renuncia a la terminación de sus vacaciones' fue con el ánimo de 'calmar los ánimos del movimiento que exige su salida inmediata' y conservar la posibilidad de extender su permanencia en el cargo a través de 'argucias jurídicas' como incapacidades, demandas administrativas y desistimientos.
Por último, aseguraron que el Consejo Superior cuenta con las facultades para separarlo inmediatamente del cargo a pesar de que su periodo de vacaciones finaliza el próximo 16 de diciembre.
'Prasca se la jugó por blindarse por medio de la figura de las vacaciones, pero el Consejo Superior puede suspenderle las vacaciones, liquidarle los días que le hicieren falta y removerlo de manera inmediata del cargo', puntualizaron.
Ante esta serie de señalamientos, EL HERALDO consultó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien aseguró que la decisión tomada por el Consejo Superior tuvo en cuenta todos los preceptos legales.
El mandatario, quien también se desempeña como presidente del Consejo Superior de la alma máter, agregó que el concepto 125401 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública no permite que la administración no acepte una renuncia con efectos a partir de una fecha diferente de la que señale el empleado.
'Lo más importante es que la renuncia fue irrevocable y fue aceptada unánimemente por el Consejo Superior', cerró Verano.
