Con el fin de conocer los motivos por los cuales la ESE Cari entró en una crisis administrativa, operativa, financiera y fiscal, la Contraloría General Departamental del Atlántico realizó una auditoría de carácter especial al hospital desde hace tres meses.
El contralor Carlos Rodríguez Navarro señaló que el cuerpo auditor encontró 105 hallazgos, tipificados como administrativos (44), disciplinarios (35), penales (22) y fiscales (4). En cuanto a los fiscales, encontraron un presunto detrimento al patrimonio público por $13.935 millones.
El funcionario dijo que hallaron un hospital 'totalmente paralizado', con más del 80% de los servicios sin ningún tipo de actividad y 'a oscuras'.
Señaló que hay un desequilibrio presupuestal corriente derivado de generar mayores compromisos frente a los reales ingresos.
Se destaca en el informe preliminar que la gerencia de la ESE Cari no hizo la reducción general del 25 % del presupuesto del gastos. 'No hizo desagregación de la reducción de dicho porcentaje en los diferentes conceptos de gastos, igualmente no se presentó a la junta directiva para su aprobación, un informe detallado de la desagregación una vez realizada la reducción del presupuesto', añadió el Contralor.
La gerencia del Cari realizó los traslados presupuestales en el segundo semestre de 2017 sin recibir previamente autorización de parte de la junta directiva.
El contralor señaló que durante las vigencias 2016 y 2017, la entidad evidencia una ineficiente gestión administrativa en su defensa técnica ante las EPS, materializada por las sumas glosadas no conciliadas ni reclamadas ante la Superintendencia, lo que conllevó a un daño patrimonial por $13.721 millones.
En el documento también aparece que el Cari, para las vigencias 2015-2017, no publicó en la plataforma del Secop su plan de compras, ni hizo la actualización mínima exigida por la Ley. 'Tampoco publicó en dicha plataforma los procesos de contratación adelantados por el hospital durante esas vigencias', anotó Rodríguez.
'No hubo austeridad del gasto'
En el 2016, el hospital negoció nuevas tarifas con las EPS Comparta y Cajacopi sin autorización de la junta directiva del hospital y tales contrataciones se realizaron sin análisis de conveniencia y oportunidad conforme lo exigía el estatuto de contratación de la entidad.
De igual modo, descubrieron que suscribió contratos y efectuó compras no incluidas en el plan de compras presentado y aprobado por la junta directiva, de conformidad con lo ordenado en la misma como medida de austeridad del gasto.
'La entidad violó la ley y las decisiones de austeridad del gasto adoptadas por la junta al contar con registro público de cuentas radicadas pendientes de pago, así mismo vulneró el derecho a turno de los acreedores de la entidad al realizar pagos sin la prelación cronológica en la radicación de las cuentas sin contar con acto administrativo alguno que sustente o evidencie justificación', dijo Rodríguez.
El informe dice que del total de ventas de servicios en el período 2016 por la suma de $46.037 millones solo se estimó recuperar el 40.58% y el restante 59.42 %, es decir la suma de $27.355 millones, se revela como cartera de difícil recaudo. Al aplicar el 33% de la provisión se genera un detrimento por 'menoscabo' y 'gestión ineficaz' en el recaudo de los servicios prestados.
El hospital adeuda a la Dian las retenciones correspondientes a diferentes periodos del 2015, 2016 y 2017 por $2.817 millones.
Varios contratos
La Contraloría encontró que el Cari suscribió durante el 2017 mediante contratación directa con el mismo objeto y contratista Asesorías y Auditores Integrales en Salud S.A.S. 11 contratos, superando la suma de todos ellos los 2.000 smlmv, para lo cual se exige una convocatoria privada, por lo que debió celebrarse un solo contrato para toda la vigencia y no segmentarse o fraccionarse en 11 contratos.
Situación parecida sucedió con Cajacopi, con el cual suscribieron en ese mismo año 10 contratos, donde 'debía celebrarse uno'.
También, en los ocho contratos con la empresa VP Global, el Cari incluyó la prestación del servicio de vigilancia por $7.011 millones mensuales a la sede San Rafael, a pesar de que ese inmueble no tiene uso por parte del hospital.
'No cumple ningún servicio hospitalario y administrativo y tampoco forma parte de su patrimonio toda vez que no aparece su titularidad en la cuenta respectiva del balance, ni la construcción, ni el terreno', sostuvo la Contraloría.
¿Qué viene ahora?
La Contraloría del Atlántico dijo que adelantarán un proceso de responsabilidad fiscal para recuperar los $13.935 millones. Mientras que los hallazgos penales serán entregados a la Fiscalía General de la Nación y los administrativos y disciplinarios a la Procuraduría.
Sobre las explicaciones que dio la gerente del Cari, Rocío Gamarra, la contraloría dijo que las respuestas no lograron generar una posición distinta a la que habían tenido en el preinforme.
'Los argumentos no generaron la posibilidad de retirar las observaciones presentadas', anotó el ente.
Contraloría
Gobernación analiza observaciones
El gobernador Eduardo Verano señaló que la Contraloría recomendó a la junta del Cari que la escogencia del operador privado sea por concurso y no por contratación directa como tenían pensado. Dijo que de acogerse a esta solicitud, el 1 de junio no comenzaría la operación como había anunciado Minsalud. Esta semana definirán la propuesta.
Fallo
Tutela a favor de Gamarra
El Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla falló a favor de la gerente del Cari, Rocío Gamarra, y determinó que 'le ha sido violado su derecho al debido proceso de igualdad', debido a que no pudo controvertir una decisión en su contra sobre la entrega del informe de gestión 2017.
Ordena a la Superintendencia de Salud devolver a la Junta del Cari el acuerdo que le fue remitido. Además, que la junta le conceda a Gamarra el derecho a que pueda alegar los reparos que procedan 'contra la decisión de declarar extemporánea la presentación del informe'.
