La multinacional Gas Natural Fenosa solicitó el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para que 'le devuelvan la sociedad colombiana Electricaribe en un marco regulatorio viable' o que le pague más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de la empresa de energía, como indemnización.
Desde que comenzó la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 14 de noviembre pasado, la firma española había anunciado que acudiría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial, para resolver la controversia con el Estado colombiano.
Sin embargo, el martes pasado había trascendido la intención de Gas Natural de presentar su demanda en un tribunal internacional, diferente al Ciadi. Contempló, entonces, el Tribunal de París y el ente de Nacional Unidas, en el que finalmente presentó la demanda.
El tribunal de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es un órgano jurídico de composición universal dedicado desde hace más de 40 años a la armonización de la legislación mercantil en todo el mundo.
La demanda ante la Uncitral es la respuesta de la firma española a la liquidación ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El Gobierno intervino Electricaribe, compañía en la que Fenosa tiene una participación del 85%, a mediados de noviembre y, tras cuatro meses de negociaciones con la compañía, el pasado 14 de marzo anunció la liquidación de la sociedad.
Argumentos de la demanda
De acuerdo con un comunicado emitido por GNF desde España, en la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta 'ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años' en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe 'constituye una expropiación sin indemnización'.
También alega un 'hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio', mientras la compañía ha intentado resolver, según sostiene, por la vía amistosa sus diferencias con el Estado.
GNF insiste en que la decisión de la Superintendencia es contraria al proceso de diálogo que han mantenido en los último meses, tras activar en julio pasado 'los mecanismos de resolución amistosa de diferencias' entre las partes.
Para Fenosa, la actitud del Gobierno 'es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia', conforme al Acuerdo de Libre Comercio. Señala igualmente que este tipo de decisiones 'impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país'.
En la comunicación, la compañía española sostiene que este tipo de casos constituye una actuación opuesta a los principios que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y recuerda que Colombia está interesada en su adhesión.
En el comunicado, Gas Natural Fenosa dice que a pesar de solicitar el inicio del procedimiento arbitral internacional, reafirma 'su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa de energía de un marco regulatorio adecuado, le permita continuar operando Electricaribe y llevar a cabo las inversiones necesarias.
Electricaribe proporciona el servicio de energía a 2,5 millones de clientes de diferentes estratos y a la industria de los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.
Sidley Austin defenderá a Colombia
En una rueda de prensa, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, confirmó ayer que la firma estadounidense de abogados Sidley Austin sería la que representará a Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por la demanda que presentó Gas Natural Fenosa contra Colombia.
'Hemos hecho un proceso de selección juicioso de abogados a nivel internacional. Hoy contamos con el acompañamiento de Sidley, una firma internacional que está en diferentes países, ha estado en múltiples controversias y disputas internacionales, y, por ello, conoce este tipo de disputas', afirmó la ministra.
De esta manera, aseguró que el trabajo que se ha realizado, y ahora con el apoyo de la firma, la defensa del país va a ser 'contundente' con respecto a las acusaciones de Gas Natural Fenosa.
'Hoy en día tenemos acción de trabajo para tener una defensa por parte del Gobierno colombiano contundente', agregó.
De igual manera, recordó que es importante entender que la liquidación de la firma Electricaribe no representa una expropiación, tal como se plantea en la denuncia. 'La intervención no es una nacionalización ni una expropiación. El Gobierno colombiano está garantizando la prestación de un servicio esencial y, como tal, está actuando en derecho', señaló.
Horas antes de la rueda de prensa, la ministra había dicho que el país está preparado para enfrentar la demanda interpuesta por la multinacional española.
'Nos hemos venido preparando para esta demanda desde hace ocho meses. Contamos con el acompañamiento de abogados de un grupo internacional que ha manejado controversias internacionales', manifestó, Lacouture a Blu Radio.
La ministra dijo, además, que el costo del proceso de defensa de Colombia en este caso dependerá de la duración del mismo.
'El Gobierno está tomando todas las medidas para defender a Colombia de forma contundente', manifestó.
'Esta medida de intervención no es una expropiación o nacionalización de la empresa', subrayó.
En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural Fenosa argumenta 'ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años' en Colombia y considera que la toma de posesión de Electricaribe por parte del Gobierno 'constituye una expropiación sin indemnización'.
Sin embargo, Lacouture aseguró que la decisión del Gobierno nacional lo que busca es garantizar la prestación del servicio de energía a los habitantes de la costa atlántica colombiana.
La filial colombiana asegura que parte de los problemas que tiene se deben a la alta tasa de impago de sus usuarios y al robo de electricidad de sus redes.
