A finales del año pasado la entonces alcaldesa Elsa Noguera afirmó que el 30 de diciembre se pagaría 'el último peso a los bancos', haciendo referencia a los pagos del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos al que se encuentra suscrito el Distrito desde 2002. Efectivamente, ese día la Administración distrital pagó la última cuota de la deuda financiera por $8.314 millones, como lo confirma la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, a pesar de que el Distrito desembolsó la totalidad de los pasivos reestructurados dentro del marco del acuerdo y sus dos modificaciones, la Administración local permanecerá dentro del pacto por lo menos hasta 2017. Así lo aclara Ana Lucía Villa, jefa de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y miembro del Comité de Vigilancia del Acuerdo, quien afirmó que hasta esa fecha tiene plazo el Distrito para pagar las contingencias derivadas de sentencias judiciales en contra de los entes de control, en este caso específicamente correspondientes a la Contraloría Distrital.
Según el secretario de Hacienda, Raúl Lacouture, los montos a pagar estaban dentro del escenario financiero del acuerdo y 'obedecen a situaciones administrativas relacionadas con la desvinculación de personal hace más de 10 años que derivaron en procesos judiciales'. El funcionario afirma que la situación está siendo analizada por un equipo interdisciplinario de la Alcaldía –Secretaría de Hacienda, Oficina Jurídica y Contraloría Distrital– 'con el fin de determinar el monto y la exigibilidad de tales obligaciones'.
Raúl Lacouture - Secretario de Hacienda de Barranquilla
Jairo Parada, PhD. en Economía y profesor de la Universidad del Norte, señala que la importancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos radica en que 'le da un respiro a las finanzas públicas del Distrito al no permitir embargos sobre las cuentas que se deben, mientras que se van cancelando en un lapso de tiempo de acuerdo a un plan de pagos'.
Al mismo tiempo, el especialista afirma que salir del acuerdo no solo conlleva mayor libertad fiscal, sino que devuelve al Distrito a condiciones normales de negociación con sus acreedores.
'Un ente público no puede estar protegido en forma permanente de los embargos, porque también los acreedores se ven violados en sus derechos. Al final, el acuerdo no es un sello de calidad, sino un sello de dificultades'.
Desde 2002, año en que suscribió el Acuerdo, el Distrito ha estado sujeto a cuatro situaciones que implican el cumplimiento del pacto: la definición e implementación de un marco de gastos para el ahorro en gastos de funcionamiento y el pago de las acreencias; la protección de un ‘blindaje jurídico’ frente a potenciales embargos a las rentas públicas; la creación de un Fondo de Contingencias para atender los fallos jurídicos que se presenten en contra del ente territorial, y el acompañamiento permanente del Comité de Vigilancia del acuerdo que monitoree el desempeño de la entidad y controle los niveles de gasto.
Para Manuel Fernández Ariza, economista con Maestría en Política Económica, desde el momento en que se firmó, 'el Distrito se reunió con sus acreedores y acordó la cancelación de las cuentas en un periodo de tiempo acorde a sus posibilidades de pago, lo que garantizó que siguiera cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, como lo son la inversión social y las obras de infraestructura, entre otros'.
De esta forma, hasta el 31 de diciembre de 2015 la ciudad registró pagos por $955 mil millones, distribuidos entre los cuatro grupos en que fueron divididos los acreedores: primero, trabajadores y pensionados; segundo, entidades públicas e instituciones de seguridad social; tercero, instituciones financieras y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y Nación, y finalmente, acreedores externos (contratistas y proveedores).
Los datos de la DAF muestran que al primer, segundo y tercer grupo se les terminó de pagar en 2011, y quedaron pendientes $4 millones al grupo de los acreedores externos. En 2012, a comienzos del mandato de Elsa Noguera, además del saldo a los proveedores el Distrito tenía pendiente terminar de pagar al grupo de los bancos, a los que se les pagaron $201.695 millones.
De esta forma finalizaron los pagos de pasivos reestructurados dentro del Acuerdo, que dejan como único restante el pago de pasivos contingentes de los entes de control con plazo hasta 2017.
Lo que llevó al acuerdo. Barranquilla suscribió el acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 en 2002 bajo el gobierno de Humberto Caiafa Rivas. Según información de la DAF, a finales de 2001 el Distrito acumulaba $595.000 millones por concepto de deuda pública, pasivos no financieros y pasivos contingentes. Esta cifra representaba 3,7 veces los ingresos propios del ente territorial. A su vez, los gastos de funcionamiento superaban los recursos para financiación: por cada $1 millón de ingresos corrientes de libre destinación percibidos, se gastaban $1.4 millones en funcionamiento.
Es decir, en ese entonces el Distrito no solo tenía más deudas que ingresos, sino que gastaba en funcionamiento (sueldos, compra de suministros y alquileres, entre otros) más de lo que tenía disponible para pagar.
En palabras de Ana Lucía Villa, 'con ese panorama los acreedores iniciaban procesos ejecutivos que se fallaban en contra de la Administración. De esta manera se judicializó el gasto y el Distrito perdió libertad en la determinación presupuestal, lo que produjo la parálisis de la Administración'. Para Villa, 'en las condiciones en que se encontraban las finanzas del Distrito al cierre de 2000, ninguna otra alternativa le daba las herramientas de la Ley 550'.
Sin embargo, dos años después de la firma del acuerdo se realizó la primera modificación durante el gobierno de Guillermo Hoenigsberg. El objetivo de esta modificación realizada en 2004 fue evitar el incumplimiento con los acreedores y adaptar una nueva fórmula de pago. Pero en 2008, con la llegada de Alejandro Char el acuerdo se modificó una vez más.
Villa explica que esa segunda modificación se debió principalmente a la incapacidad de generar los ingresos corrientes de libre destinación que estaban estimados en las proyecciones y que sustentaban las bases de la negociación. La funcionaria atribuye los faltantes en los recursos propios a dos situaciones: 'La concesión entregada al sector privado —Métodos y Sistemas— del recaudo de las rentas más importantes del fisco distrital (Predial e ICA) que representaba la erogación de más de $25 mil millones anuales, y la creación de más de 10 entidades descentralizadas que llevaron a que se realizaran inversiones con recursos propios que eran del acuerdo de pasivos'.
La titular de la DAF también reitera que la reestructuración de la Administración y la liquidación de entidades descentralizadas permitieron que después de 2008 se contara con mayor cantidad de ingresos de libre destinación para recuperar la capacidad de pago y cumplir con lo pactado.
Deuda pendiente con la Nación. Si bien la ciudad ha cumplido con los pagos de la deuda reestructurada dentro del acuerdo, tiene pendiente pagar el saldo de una deuda contraída con la Nación por $70 mil millones.
De acuerdo con el último informe publicado por la DAF para diciembre de 2014, a pesar de que las obligaciones a favor de la Nación originalmente se programaron para ser canceladas durante la ejecución del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, 'producto de un acuerdo diferente entre las partes, los pagos fueron reprogramados hasta el año 2018, es decir su plazo se amplió 3 años más a la fecha de terminación del Acuerdo, permitiéndole a la entidad territorial contar con mayores disponibles financieros de 2013 a 2015'.
En este sentido, Villa afirma que se está estudiando extender el plazo del monto que está pactado cancelar hasta el 1 de julio de 2018, pero reitera que 'el servicio de deuda originado en estos compromisos se ha venido pagando oportunamente de acuerdo con lo convenido'.
Situación actual. En el último informe de la calificadora de riesgo BRC Standart & Poor’s dio al Distrito la calificación AA, lo que significa que la capacidad de la Administración local para cumplir con sus obligaciones financieras es 'muy alta'. Este es uno de los indicadores que dan señales acerca del camino por el que van las finanzas distritales.
En el mismo informe la calificadora advierte acerca de la volatilidad en los ingresos de la Administración, el aumento de los gastos de funcionamiento y el incremento de las contingencias legales como aspectos a controlar para evitar una disminución en la calificación.
En este sentido, la investigadora de Fundesarrollo Adriana Restrepo coincide en que los montos a pagar por los entes descentralizados son una fuente de riesgo. 'Hay que estar pendientes de los pasivos contingentes, que son los que pueden surgir en cualquier momento de los fallos jurídicos. Por eso, si hay plazo para pagar hasta 2017 lo ideal sería determinar lo antes posible los montos a pagar'.
Por su parte, Fernández Ariza advierte acerca del contexto de desaceleración económica, 'porque en la medida en que se empiecen a comprometer gastos elevados y la economía tenga una desaceleración se pueden generar faltantes que lleven a problemas financieros en el futuro'. Agrega, además, que es recomendable moderar la carga impositiva para permitir que las empresas locales continúen siendo competitivas. 'Barranquilla tiene gran potencial al ser una zona que está geográficamente muy bien ubicada y puede seguir destacándose y creciendo en las exportaciones'.
¿Qué es la Ley 550?
La Ley 550, también conocida como la ‘ley de quiebras’, se expidió en 1999 con el objetivo de permitir la intervención económica del Estado en empresas y entes territoriales con dificultades financieras para lograr su recuperación y reactivación. En la práctica, la ley permitía negociar deudas, otorgar créditos y mediar para ofrecer medidas temporales a los trabajadores, entre otros.
Las condiciones para acogerse a un acuerdo de reestructuración dentro del marco de la Ley incluían el incumplimiento en el pago por más de 90 días de dos o más obligaciones, y la existencia de por lo menos dos demandas ejecutivas para el pago de obligaciones.
Según Adriana Restrepo, investigadora económica de Fundesarrollo, al momento en que un municipio se adhiere a la Ley 550 o pide ayuda al Gobierno Nacional tiene que cumplir con ciertas obligaciones como mantener una política de austeridad del gasto. Por esta razón, 'puede que los primeros años sean complicados, porque mientras los ingresos de la entidad territorial se van ajustando y van creciendo, no hay mucho margen de maniobrabilidad'.
