El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, envió una carta a la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera en la que le pide objetar el acuerdo que crea el impuesto a los servicios de telefonía fija y móvil para usuarios de esta ciudad.
La comunicación llega después que se conoció que la mandataria distrital sancionó el acuerdo aprobado en días pasados por el Concejo, lo que quiere decir que dicho tributo está vigente desde ayer mediante el Acuerdo No 019 de diciembre 29 de 2015.
El acuerdo aprobado establece que de la totalidad de los recursos que se recaudarán por este impuesto, cuya proyección anual es de $25 mil millones, el 10% se destinará a la atención del pasivo pensional de la extinta EDT y el 90% restante será para la financiación del sector deporte y para el desarrollo de actividades propias de cultura, conservación y mejoramiento de parques, espacio público y arborización.
Entre los argumentos planteados por el ministro, que no solo expuso en una carta a la alcaldesa, sino que trinó a través de su cuenta de Twitter se encuentran que 'la facultad de creación de los impuestos está en cabeza única y exclusivamente del legislador (principio de reserva legal y legalidad tributaria) y el Congreso de la República no ha creado dicho tributo y mal hace el Concejo Municipal en crearlo y exigir su cobro'.
Señala en su comunicación el ministro Luna que el mismo error se cometió en años pasados por el Concejo de Santiago de Cali, acuerdo que dejó sin efecto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Sobre este tema, el gerente de Gestión de Ingresos del Distrito, Fidel Castaño, aseguró que el Distrito está ejerciendo una potestad tributaria otorgada por la ley 97 de 1913 para recaudar tributos sobre la telefonía.
'Así lo estableció esa ley de hace más de un siglo. La Corte Constitucional en una sentencia del año 2002 la número C-504 se pronunció ratificando esa competencia de los municipios para recaudar el impuesto de telefonía y no hizo ninguna diferenciación entre los tipos de telefonía'.
Castaño advierte que el Ministerio basa su argumentación en una sentencia del Consejo de Estado del año 2004 y otra del Valle del Cauca que señalaron que los municipios no podían cobrar el tributo y el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2009, ratificada por la sentencia del 20 de junio de 2013 cambió esa posición de que los municipios no podían cobrar el servicio y compartió lo expresado por la Corte Constitucional respecto a la competencia de los municipios para establecer el impuesto y determinar todos sus elementos.
Con base en esos dos argumentos el Distrito propuso dicho gravamen.
Otra de las consideraciones del Ministro hace referencia a que 'un impuesto de esta naturaleza desincentivaría el acceso y uso de los servicios de telefonía' y generaría una carga irrazonable a los usuarios de dichos servicios, generando una barrera en el acceso a la tecnología en dicha circunscripción.
Adicionalmente, indica el Ministro en su carta, que es pertinente señalar que una medida de esta naturaleza resulta contraria a las 'políticas que desde el Gobierno Nacional se vienen promoviendo en aras de lograr una mejora en la competitividad del país, continuar avanzando en la reducción del desempleo y consolidar una nación más y mejor educada'.
También menciona que dichas consideraciones las hace el Ministerio en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, teniendo como misión principal promover el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las TIC, a través del plan Vive Digital para la gente y de esa manera impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector promoviendo la investigación y la inversión, buscando su competitividad y contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación.
ACUERDO SANCIONADO
Al conocer las consideraciones de Luna, el concejal Juan Carlos Ospino (Partido de la U) manifestó que lo primero que debe saber el ministro es que el Acuerdo ya fue sancionado y que tiene todo el sustento legal que la Constitución y la Ley establecen.
'Si el Ministro tiene consideraciones de otro tipo tendrán que tramitarla ante el Tribunal y las autoridades competentes', dijo Ospino al señalar que es muy desenfocada la iniciativa del ministro de querer hacer 'el mandado' a cuatro grandes empresas operadoras a costa de que Barranquilla no pueda mantener sus parques, no pueda construir mayores espacios de recreación, zonas verdes y afectando a los pensionados de la EDT.
Considera Ospino que el ministro Luna desatinó en este tipo de planteamientos y en la acusación que le hace al Concejo, porque esta corporación se apoya en la legislación que el mismo Congreso de la República hace.
'El ministro antes que preocuparse por generar show mediático que se dedique a leer un poco más sobre el fundamento que creó este programa del Gobierno Nacional, que dicho sea de paso la Nación no tiene cómo darle al Distrito herramientas financieras para poder sostener algunos programas', enfatizó Ospino al tiempo que planteó una serie de interrogantes como por ejemplo que hubiese pasado con el Distrito de Barranquilla si no crea la estampilla Prohospitales.
Sostuvo que si el Distrito no hubiera creado dicha estampilla estuviese en una situación caótica, y hoy en día mientras el país cierra hospitales en Barranquilla se construyeron seis grandes hospitales en los últimos años.
El concejal considera que a la gente lo que le interesa es que sus tributos se vean reflejados en bienestar para la ciudadanía y por ello como barranquillero y como concejal rechaza la posición del Ministro de las Tecnologías que considera desacertada e inoportuna. Dijo además que quien está usurpando funciones de los jueces que son quienes dicen si un acto es legal o no es el Ministro.
El cabildante fue enfático al señalar que el ministro debe dejar 'su afán politiquero' y debe venir a decir como los ayuda a contribuir al desarrollo de la ciudad.
COBRO DESDE ABRIL
El gerente de Gestión de Ingresos del Distrito, Fidel Castaño dijo que el acuerdo está vigente desde ayer y ya fue publicado en la gaceta distrital.
Explicó que el cobro como lo establece el acuerdo será a partir de abril porque los primeros meses lo que se hace es que los operadores del servicio tienen que ajustar sus sistemas para efectos del recaudo.
Por su parte, Jaime Pumarejo Heins, gerente de proyectos de desarrollo de ciudad designado por el alcalde electo Alejandro Char dice que el ministro desconoce los argumentos de la Corte que se dieron después del año 2004 que le dan la razón a los municipios.
'Hay ciudades grandes de Colombia cobrando ese impuesto. El Ministro se está remontando a un fallo de un Tribunal de Cali que todavía no se ha resuelto en última instancia'. Pumarejo se mostró sorprendido porque el funcionario del Gobierno está del lado de las empresas de celulares sin conocer en detalle el acuerdo.
'El impuesto lo vamos a pagar los barranquilleros y no entiendo por qué un ministro de comunicaciones toma parte defendiendo los intereses de las empresas de servicios públicos y ningún gremio, ningún barranquillero ha dicho que no está dispuesto a pagar el impuesto, sino que son las grandes empresas , las que tienen las utilidades más grandes de Colombia, las que nos dijeron que no están de acuerdo con los impuestos'.
Pumarejo dijo que el ministro cree que está 'ganando puntos' con los barranquilleros porque les está diciendo que no van a pagar ese impuesto y se equivoca porque ' los barranquilleros queremos salud, deporte, cultura, parques y sabemos que es un poquito lo que vamos a pagar para lograr todas estas cosas'.
LAS TARIFAS
Según la secretaría de Hacienda Distrital, la tarifa del impuesto para la telefonía domiciliaria que establece el acuerdo en el estrato uno es de 500 pesos mensuales. El estrato dos, $1.000; el estrato 3, $1.500; el estrato 4 pagará $3.000; el estrato 5 la suma de $7.000, el estrato 6, $10.000 y los no residenciales, es decir, los industriales y comerciales $12.000.
Por su parte, la telefonía no domiciliaria (telefonía celular) para las facturas de menos de $60.000 se estableció en el 3% del valor de la factura, es decir, la suma de $1.800 mensuales. Las facturas cuyos precios oscilen entre 60 y 100 mil pesos pagarán el 4%, es decir que una factura de 100 mil pesos pagará $4.000 y si la factura es de más de 100 mil pesos pagará el 5 por ciento.
