María observaba en el suelo las tejas de zinc, los ladrillos y los trozos de madera que formaban la empresa de reciclaje artesanal donde trabajaba. Un procedimiento de desalojo realizado por la inspección cuarta de policía, de Barranquilla, la dejó ayer sin trabajo y sin un techo donde protegerse.
Al igual que ella, otras dos familias fueron sacadas de una franja de tierra de 36 hectáreas conocida como El Mirador, que con otras tres extensiones de terreno (Granja Catalina, Betjala y Campo Natacha) conforman un predio denominado popularmente como El Tamarindo.
La propiedad completa está ubicada a un costado de la vía La Cordialidad, entre Barranquilla y Galapa. El sector fue declarado por la Dian, el 22 de noviembre de 2007, Zona Franca Internacional del Atlántico (Zofia), mediante la resolución 13914.
La Asociación de Trabajadores del Campo, Asotracampo, que reúne a varios de los ocupantes del predio, señaló que la discordia empezó con esa declaración, 'porque empezaron a aparecerle dueños a los predios que eran terrenos baldíos', comentó una vocera.
La Asociación establece que en el lugar hay unas 44 familias, de las cuales 24 son víctimas del conflicto armado.
'Son personas que están siendo revictimizadas. Primero fueron los guerrilleros o los paramilitares, ahora es el Estado colombiano el que permite que los echen nuevamente de la tierra donde tienen sus cultivos y han encontrado la paz que les arrebataron', manifestó Nubia Acosta, la vocera de Asotracampo.
Inversiones Agropecuarias Los Turpiales SAS es la empresa que alega ser la poseedora y propietaria del inmueble al haberlo adquirido el año pasado a los herederos de Julio Muvdi.
Una abogada de la inversora explicó que el terreno fue receptor de víctimas del desplazamiento forzado que llegaron de varias partes del país pero que no son dueños. El motivo de esto, señaló la jurista, es que no son predios abandonados sino que hacen parte del patrimonio de familias barranquilleras por más de 100 y 50 años.
La diligencia había sido ordenada por Edgar Barros Martínez el pasado 23 de noviembre para realizarse el 4 de diciembre pero fue aplazada y reprogramada para el lunes pasado. Sin embargo fue nuevamente pospuesta hasta que ayer empezó el procedimiento.
Mediante un acuerdo suscrito con la Unidad de Víctimas regional Atlántico, los propietarios se comprometieron a darle un plazo a los desplazados, hasta el 18 de diciembre próximo, para que salgan del lugar.
Desalojo paulatino. Asotracampo explicó que con el de ayer, han sido 45 los desalojos en esa propiedad. La primer franja desocupada fue Granja Catalina en 2012. Luego siguió Betjala en 2013 y Campo Natacha en junio del año pasado.
'Eran 135 familias que estaban asentadas en los cuatro predios pero con los desalojos muchas se fueron, otras fueron corriéndose hasta terminar en El Mirador, al que ahora le tocó el turno', expresó Acosta.
Suspensión de desalojo. El defensor del pueblo delegado de para asuntos constitucionales y legales, Luis Castro Novoa, solicitó al inspector Barros que suspendiera la diligencia. El defensor alegó en un documento que los motivos petición, entre otros, es que Asotracampo interpuso una acción de tutela en contra del ministerio del Interior y otros, que está siendo revisada por la Sala de Selección número 11 de la Corte Constitucional.
Castro explicó que es necesario suspender, hasta tanto el alto tribunal no tome una decisión de fondo, porque de realizarse esto generaría 'una obstrucción manifiesta de la labor de impartición de justicia de la Corte'.
Ante esto, la abogada de la inversora, señaló que la tutela fue interpuesta contra el Estado y que ellos no tienen nada que ver ese proceso más que como parte interesada.
Polémica
El desalojo generó polémica ayer en redes sociales. La presidente del partido político Unión Patriótica, fue una de las más activas al oponerse al procedimiento.
El senador de la República, Iván Cepeda, calificó el procedimiento de arbitrario, en conversación con este medio.
'El desalojo es arbitrario porque son víctimas y seres humanos los que están siendo sacados', manifestó el senador del Polo Democrático. También se refirió a la tutela que está siendo evaluada por la Corte y explicó que 'lo que ha debido ocurrir es que protejan los derechos de las personas'.
Por último, Cepeda fue enfático al afirmar que van a analizar la actuación y a 'proceder contra los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades'.
