El escándalo nacional suscitado por la mala calidad de la comida suministrada a estudiantes dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), llevó al Ministerio de Educación Nacional a anunciar la terminación de los contratos con los operadores en los departamentos de Atlántico y Bolívar, la Unión Temporal Alimentar y Fundación Kabala, respectivamente.
La decisión está basada, justamente, en los hallazgos del proceso de interventoría que indican que no se está dando la cantidad de comida adecuada, desaseo, alimentos en mal estado, y manipuladoras sin dotación suficiente ni normas básicas de higiene, explicó la ministra de Educación, Gina Parody, ayer en Puerto Colombia.
En su edición del lunes 17 de agosto, EL HERALDO dio a conocer que la Defensoría del Pueblo había confirmado la contaminación de los desayunos y almuerzos suministrados en los colegios del Atlántico que atiende Mineducación. El 11 de agosto ya había anunciado anomalías en comedores infantiles de 13 municipios.
La ministra Parody, quien estuvo acompañada del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón explicó que el contrato con Alimentar y la Fundación Kabala estará vigente solo hasta el 31 de agosto, es decir que no será prorrogado. Por ello se abrirá el Banco de Oferentes para que se presenten quienes quieran participar en la operación del programa.
En el Atlántico el convenio con Alimentar cuesta unos 13 mil millones de pesos y, según el Ministerio, esa entidad debe entregar 56.457 almuerzos diarios, y en el marco de la estrategia de jornada única 12.143 complementos y 15.872 almuerzos diarios adicionales. El contrato con la Fundación Kabala es por valor de $14 mil 893 millones.
'Escogeremos a quienes tengan las mejores condiciones técnicas y experiencia para que pueda presentar este servicio tanto en el Atlántico como en Bolívar', advirtió la funcionaria al tiempo que enfatizó que el Ministerio no va a permitir que un solo peso se pierda o que no vaya a la alimentación escolar.
El contrato con el nuevo operador que asuma a partir del primero de septiembre se extenderá solo hasta el 31 de diciembre, porque a partir del próximo año las reglas de juego de la alimentación escolar cambiarán: alcaldías y gobernaciones tendrán que aportar recursos.
Parody dijo igualmente que para el próximo año se procurará que todos los recursos se vayan hacia el mismo plan, 'hoy lo que tenemos es una dispersión y eso no permite que tengamos más y mejor comida', indicó.
FRENTE COMÚN. La ministra Parody y el contralor Maya Villazón conocieron de primera mano cómo se está desarrollando el programa en Puerto Colombia, en la visita intempestiva que hicieron ayer. Allí inspeccionaron el almacenamiento, conservación, manipulación, preparación y porciones de los alimentos, así como también las condiciones de infraestructura, dotación y condiciones sanitarias de los sitios donde preparan y sirven la comida.
Los funcionarios estuvieron en las sedes de la Institución Educativa María Mancilla y en el colegio de bachillerato turístico Simón Bolívar.
Luego, en rueda de prensa la ministra pidió a la Contraloría y a la Defensoría hacer un frente común para que la alimentación escolar de los niños sea sagrada en Colombia.
Se refirió a los departamentos del Atlántico, Córdoba, Bolívar, Guajira, Magdalena, y las ciudades de Santa Marta, Lorica, Sahagún, Uribia y Valledupar. 'En algunos de estos departamentos el Ministerio directamente puede tomar medidas para los contratos, por eso en Atlántico y Bolívar no continuaremos con estos contratos y en los demás sitios quienes tienen que tomar acciones legales son gobernadores y alcaldes'.
También pidió a alcaldes y gobernadores que las acciones pertinentes frente al funcionamiento de los operadores en sus regiones, en los casos de su competencia.
El contralor, por su lado, anunció que ante lo encontrado en la visita a Puerto Colombia, que ratifica los hallazgos, no solo hace un llamado al gobierno para que se declare una emergencia frente al tema de alimentación escolar (ver nota relacionada), sino que pidió al Ministerio que asuma la dirección y el manejo de este programa, porque no se puede continuar dependiendo de que una Gobernación o Municipio acepten aportar o recibir recursos cuando le convenga.
Además Maya hizo un llamado de atención sobre el tema de los operadores de alimentación, que según dijo, se está contratando a lo largo del país 'a dedo, por eso vamos a extender y responsabilizar a alcaldes y gobernadores y a todas las autoridades que están manejando el PAE, porque es una situación muy lamentable en la que está el programa y hay que poner los correctivos'.
EN LA GUAJIRA. Parody también hizo un llamado especial a La Guajira, diciendo que respetando la autonomía de las comunidades indígenas 'les pedimos (...) que pongan por encima los intereses de los niños, porque no podemos seguir con poca comida, desaseo, ni manipuladoras no entrenadas para alimentar a los niños, los intereses de los niños están por encima, por favor cumplan con las condiciones básicas'.
El contralor le pide al Gobierno declarar emergencia
El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, instó al Gobierno a declarar una emergencia, en cualquiera de las modalidades que autoriza la Constitución y la Ley, ante el caos en la contratación y la lamentable y dramática situación que enfrenta el Programa de Alimentación Escolar PAE.
Durante la visita que hizo con la mineducación a los colegios de Puerto Colombia, el Contralor resaltó que en las tres instituciones en las que se divide el colegio María Mancilla Sánchez no hay comedor escolar y los niños tienen que consumir sus alimentos en los puestos de estudios, en unos casos, y también en un comedor improvisado, dado que el que había fue cerrado por la Gobernación del Atlántico.
La Contraloría y la Procuraduría ya habían advertido el tema hace un año en un oficio, al Gobierno. 'Hay un billón cien mil millones de pesos en programas de alimentación que salen del Ministerio de Educación, del Sistema General de Participaciones, de las regalías y de recursos propios de los departamentos', recordó el Contralor al tiempo que consideró que esta situación obliga a definir que necesariamente haya un solo operador.
Los recursos apropiados para el PAE en 2014 sumaron $1.175.579 millones, de los cuales $766.480 millones corresponden a recursos del Ministerio de Educación, $142.150 millones al Sistema General de Participaciones SGP y$266.949 millones a recursos del Sistema Nacional de Regalías.
Actualmente, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR adelanta 5 procesos responsabilidad fiscal por $6.000 millones, por irregularidades en el PAE.
Estos procesos, abiertos desde 2013, tienen que ver con hechos ocurridos en los departamentos de Magdalena, La Guajira, Chocó, Nariño y Sucre, precisó el jefe del ente de control, y dijo que si es necesario se responsabilizará fiscalmente a los gobernadores, alcaldes y otras autoridades que pudieran resultar comprometidos en las 'múltiples irregularidades' detectadas. Esto -añadió- empezando por la falta de transparencia en la contratación que se aprecia en la escogencia 'a dedo' con oferentes únicos.
