Con la ilusión de ser médico, José Alejandro Uriana, 17 años, asiste todos los días al colegio en el área rural de Manaure, La Guajira. Cursa undécimo grado y es el contralor de la Institución Etnoeducativa La Gloria, donde estudian 490 alumnos a los que defiende para que tenga mejores condiciones escolares en un futuro.
En esta labor, José tiene que enfrentar carencias, como la falta de transporte, el hacinamiento en los salones y una adecuada alimentación, que le impiden dedicarse por completo al estudio.
'Debido a la situación que vivimos aquí, hemos enviado muchas cartas, nos hemos reunido con los gobernantes, pero no ha sido posible conseguir solucionar nuestras dificultades', asegura José Alejandro en un recorrido por la pequeña cocina y el incómodo comedor del colegio, donde los alumnos tienen que turnarse para comer.
Durante una visita de EL HERALDO, a las 9 a.m. del pasado viernes, los alumnos de primaria comían un bollo con mantequilla y un vaso de bienestarina, mientras en la cocina preparaban espagueti con pollo y más bienestarina para el almuerzo. Sin embargo, ninguno de los dos menús estaba incluido en la minuta pegada en la pared. El papel era un elemento decorativo de la escuela, en cuyo piso hay un peligroso hueco cubierto por una tapa oxidada.
La pagadora de la institución, Aminta Correa, afirma que el año pasado 'solo enviaban comida para los de primaria', pero la 'estirábamos para que alcanzara y darles a los de secundaria'. 'Este año –añade– incluyeron a los más grandecitos'.
Sin agua ni luz
En las escuelas de las comunidades wayuu de Orroko y Yamain, que pertenecen a Maicao pero están en la vía a Uribia, es donde más se evidencian las irregularidades comprobadas por la Defensoría del Pueblo, dadas a conocer el pasado lunes desde Bogotá, en cuanto al deficiente y antihigiénico servicio de alimentación escolar en esta región del país. Iguales fallas fueron detectadas en municipios de Atlántico y Chocó.
Los menores comen en el piso o sobre un tronco, la cocina es solo un espacio donde ponen la leña, los calderos, las ollas y los alimentos con que preparan los desayunos y almuerzos.
Tampoco hay suficientes platos y cubiertos, no hay agua, no tienen luz y los niños casi siempre comen atún o sardinas venezolanas, cuyas latas se van tirando en el piso porque tampoco hay un lugar adecuado para depositar las basuras.
La cocina de Yamain ni siquiera queda en el mismo sitio donde está el colegio, sino a diez minutos a pie, en una ranchería cercana de donde traen la comida en una carretilla todos los días. 'Aquí cocinamos con nuestros chismes y algunos que nos han donado', dice María del Carmen Jusayú, una de las manipuladoras, quien realiza su labor sin tapabocas ni gorro porque dice que 'nunca nos lo han dado'.
Las mujeres que preparan los alimentos no tienen claro cuánto ganan. Solo saben que son $50 por alumno y que por tres meses, aseguran, les dan $300 mil.
Raciones
La rectora del colegio Nuestra Señora de Fátima, en Manaure, Nereidas Murgas, afirma que las raciones que envían 'no son suficientes' para los 477 estudiantes. 'Sabemos que es solo un complemento nutricional, aunque siguen siendo muy pequeñas', admite. En este colegio hay una cocina más amplia, donde pueden almacenar los alimentos, pero los alumnos no tienen un lugar para comer y lo hacen en cualquier rincón. Donde puedan sentarse.
Las irregularidades también fueron encontradas en colegios de Riohacha como el Denzil Escolar o el Chon Kay. Allí los niños comen en el desayuno una caribañola o empanada con bienestarina, lo que, según José Camargo, secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua, 'no está de acuerdo con los objetivos nutricionales que exige el Programa de Alimentación, PAE'.
'Aquí a los operadores y a las administraciones no les importa si los niños comen frutas o verduras, si la harina es de calidad, si la minuta fue socializada con la comunidad educativa y, mucho menos, si los estudiantes tienen un lugar digno donde comer', asegura Camargo.
Los millones del PAE
Ante el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el caso de La Guajira, el gobernador José María Ballesteros asegura que su administración ha 'vigilado' el Programa de Alimentación Escolar.
Sin embargo, pese a esa vigilancia hay irregularidades. Al respecto, Ballestero afirma que 'lo que haya que cambiar habrá que cambiarlo, porque no podemos aceptar que se siga prestando el servicio de esta forma'.
Comenta el mandatario que con la nueva interventoría ha modificado el proceso para realizar correctivos. 'Si no hay un operador que brinde un excelente servicio, independiente de quien sea, se cambia', asevera.
El PAE en La Guajira fue oficializado en marzo del presente año, tiene un costo de $37.910.480.000, cofinanciado con recursos de regalías. El Ministerio de Educación cubre el 21% y el gobierno departamental el porcentaje restante.
El Contratista
El contrato es prestado por el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, con sede en Valledupar y representado legalmente por María Angélica Araújo Noguera. La adjudicación resultó de un proceso licitatorio. La contratación, según Ballesteros, establece que 'deben ser atendidos 195.000 estudiantes' de los establecimientos educativos oficiales en los 11 municipios no certificados y brindar apoyo complementario a los de tres localidades certificadas, es decir que manejan la educación: Riohacha, Uribia y Maicao.
Sin embargo, la contratista asegura que son 136 mil raciones al día en los 14 municipios, pero el contrato reza que son 132.291 almuerzos y 14.707 complementos alimentarios los que debe entregar.
En Hatonuevo la administración cubre directamente el plan de alimentación. Araújo Noguera afirma que su servicio es 'suministrar alimentos y las manipuladoras' y dice que 'no tenemos responsabilidad en lo que tiene que ver con utensilios, infraestructura, sillas o mesas'.
El contrato tiene una duración de 125 días, es decir que serían 1.625.000 raciones en total, las que divididas por el valor del contrato da como resultado un promedio de $23.329 por ración.
Otros contratos
En Manaure, además del servicio que presta el contratista del PAE, la alimentación escolar también fue firmada en junio por el municipio con la Corporación Corazón País, representada por Beatriz Aracelis Camargo Jiménez, por valor de $2.174.366.600. Su objeto es brindar un complemento alimenticio a los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo oficial.
En Maicao el Consorcio Manos Unidas por Colombia III, representado por Jorge Emilio Gómez Álvarez, firmó un contrato con la administración en julio de este año por $1.356.233.698 para la asistencia nutricional de los estudiantes en esta población.
En Riohacha el servicio de alimentación escolar está dividido en dos partes, el área rural lo presta la Administración Departamental y el área urbana la Administración Distrital, a través de un convenio firmado con la Fundación para el Bienestar Social de la infancia, la familia y el medio ambiente Fusofamed, cuya representante es Elys María Gutiérrez Amaya y tiene su sede en Riohacha.
Con la fundación se firmó un primer convenio en el mes de enero por valor de $1.761.906.700 para el primer semestre del año y en el segundo el convenio tuvo un valor de $1,628.320.302, firmado el 23 de junio por un término de seis meses. En Uribia el servicio de alimentación escolar es por $1.899'885.568,00 a través de un convenio interadministrativo con el ministerio de Educación Nacional. Los almuerzos los ofrece el departamento y la Administración Municipal se encarga de los desayunos.
Con base en este convenio se firmaron contratos con varios operadores como la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuuwatujahipau, cuya representante legal es Nilka Pushaina Mengual, por $97.473.740, con una duración de 98 días. También con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Mareiwayuuguamana de la zona del Cerro de la Teta por valor de $279.781.768 y su representante legal es Doris María Gutiérrez Siosi.
Otro de los contratos fue por $507.646.370 celebrado con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ayatajeshi waya sau womain, con representación legal de Mileidy Del Valle González Fernández. Igualmente con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Talaptajirrawa de Portete por valor de $74.979.800, cuya representante es María Teresa Barros. Otro contrato fue con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la zona de Makuira por $190.448.692 y su representante es Omaira Fernández.
De la misma manera se firmó contrato con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Yaletshi Waya por valor de $201.529.258 y es representada por Arisley Murillo Ortega, mientras que con la IPSI Palaima se firmó uno por valor de $61.269.208, a través de Tenilda Ledezma Álvarez, su representante.
Mientras avanzan las investigaciones anunciadas por la Procuraduría, con base en las denuncias por la mala calidad y deficiencia en la cantidad de los alimentos suministrados, José Alejandro, Gloria Dayana y Lilibeth seguirán soñando con un futuro mejor para ellos y sus compañeros.
Algunos alumnos quieren ser docentes y otros médicos, ingenieros o artistas, pero, ante tantas carencias y falta de oportunidades, la deserción escolar estará latente para muchos. Una consecuencia lamentable por el manejo que se le da al servicio educativo en La Guajira y otras regiones del país.
