Los gremios de la ciudad se pronunciaron este miércoles sobre el caso de la estampilla Pro-hospital luego de que el Consejo de Estado, le negara recurso de súplica al Distrito y se conociera también que compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se constate si el abogado Jaime Alejandro Díaz Vargas incurrió en alguna falta disciplinaria, dentro del incidente de nulidad por el cobro de la estampilla que fue rechazado por el alto tribunal.
Según un comunicado oficial del Comité Intergremial del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla 'está en la obligación legal de acatar una decisión judicial que está en firme y debe respetar el ordenamiento jurídico que nos rige'.
Afirmó el Comité que no es sano para la convivencia social acudir a argumentos mediáticos para defender el no cumplimiento de la decisión judicial y no abordar un debate técnico y de fondo sobre la política fiscal del Distrito para fincarla en bases acordes con la legalidad y con visión de desarrollo para Barranquilla.
'Los empresarios no están en contra del buen funcionamiento del sistema de salud del Distrito, sino en que su financiación se quiera soportar en un tributo al que se le ha privado en sendas ocasiones de legalidad e invitamos a la mencionada discusión técnica sobre la situación fiscal del Distrito, en aspectos tales como sus fuentes y nivel de endeudamiento. No es justo gravar solo a un sector de la sociedad, afectando su estructura de costos con el argumento de que registra un buen comportamiento', se lee en el comunicado.
Y lanzaron la propuesta de participar en un estudio que presente opciones de otras fuentes de financiación que estén asociadas con el objetivo final, 'tales como el impuesto al consumo de bebidas azucaradas propuesto por el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dado su alto impacto en la salud pública, pero definitivamente de la mano de una planeación fiscal y no de reacciones frente a coyunturas'.
