El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, en primera instancia, admitió la demanda por presuntos daños ambientales contra la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y por supuesta omisión a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el municipio de Distracción en el mismo departamento.
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La acción popular se remite a hechos ocurridos en abril del año 2024, cuando se realizó el cierre por varias horas de una válvula en la represa El Cercado, del proyecto río Ranchería, la cual era vital para el funcionamiento hidráulico. Esto ocasionó que el afluente llegara a niveles críticos en el caudal y generara graves daños ambientales en la zona, teniendo en cuenta las condiciones climáticas del departamento.
El juzgado consideró que la demanda reúne los requisitos de la vulneración del derecho colectivo a un ambiente sano, por lo que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que adelanten un proceso investigativo sancionatorio contra el ente responsable de la tragedia ambiental, conforme a la normativa vigente.
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Además, ordenó a las entidades involucradas que adopten medidas necesarias para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir y realicen en conjunto actividades de restauración ambiental en la zona afectada, con el fin de resarcir los daños causados.
Esta acción para informar a la comunidad la compartió el estudiante de Derecho, Jazem Suárez, a través de Wasapea de EL HERALDO.
