La Corte Constitucional reasumió el seguimiento a la Sentencia SU-698 de 2017, a través de la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades accionantes, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del arroyo Bruno a cargo de la empresa Cerrejón.
El 14 de enero de 2019, la referida sentencia de unificación le fue remitida al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en su calidad de juez de primera instancia, para que, realizara las actividades pertinentes para asegurar su cumplimiento.
Sin embargo, el año pasado, Rosa María Mateus Parra, actuando como apoderada judicial de los accionantes Aura Robles Gutiérrez y Misael Socarrás Ipuana, solicitó a la Corte asumir el trámite de cumplimiento, dado que 'en la actualidad persiste la amenaza de vulneración'.
