Un grupo de líderes del resguardo wayuu Provincial de La Guajira, se mostró en desacuerdo con el informe del relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, quien solicitó a Colombia que se suspendan las actividades de Cerrejón, al menos temporalmente, para proteger de la contaminación y de la COVID-19 a esta comunidad indígena que está en el municipio de Barrancas.
El cabildo gobernador del resguardo Óscar Bouriyu afirmó que el organismo internacional está desconociendo su autoridad dentro de la comunidad. 'Aquí hay 14 autoridades tradicionales y el cabildo gobernador es el vocero como representante legal y a nivel jurídico de Provincial', enfatizó.
Aseguró que Cerrejón ha venido concertando con la comunidad las acciones necesarias para cumplir con lo ordenado en las dos sentencias que emitió la Corte Constitucional.
Estas sentencias son la Sentencia T-614 de 2019 en la que la Corte Constitucional pidió a Cerrejón mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera y la T-704 que ordenó compensaciones a la comunidad.
'Aquí se está gestionando un puesto de salud para atender a la población con especialistas y hemos estado en relacionamiento con la empresa en todo momento', aseguró Bouriyu.
La líder María Cristina Figueroa reconoce que en Provincial hay afectaciones a nivel ambiental debido a la actividad minera de Cerrejón, pero dice que se están realizando varias actividades con Cerrejón que van enfocadas a evaluar y a minimizar los daños que hay en la salud de los habitantes del resguardo.
'En relación al puesto de salud, se han realizado mesas de trabajo con las instituciones involucradas y el ministerio de Salud, lo cual sería un gran avance para la comunidad y también se ha avanzado en la compensación y reparación por los daños y afectaciones ambientales', aseguró.
Dice que la ONU debe reconocerlos como sujetos colectivos de derecho y no individuales. 'Ellos ni siquiera han venido al territorio, no conocen nuestra realidad, por eso los invitamos a que vengan y hablen con el cabildo gobernador, con quien nunca han hablado', indicó.
María Cristina agrega que 'nos molesta que no se respete el gobierno propio, que se envíe un informe del frío a climas más fríos sin tenernos en cuenta'.
'Hay líderes amenazados'
Sobre estas declaraciones el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que envió a la ONU un resumen de lo que consideran violaciones a los derechos a la salud y al ambiente sano de este resguardo indígena wayuu, afirmó a EL HERALDO, que 'está comprobado que el cabildo gobernador es una figura política y que algunos líderes están amenazados con negarles las compensaciones que se están consultando en la sentencia que es la 704, sino están a favor de la empresa'.
El colectivo actúa en nombre de Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana, integrantes del Resguardo Indígena Provincial, apoyadas por un grupo de miembros de la comunidad, quienes presentaron un escrito coadyuvando la acción de tutela que falló la Corte Constitucional en la Sentencia T-614 de 2019.
'Incluso el cabildo gobernador de entonces Luis Segundo Bouriyu, la ratificó en todos sus aspectos y el actual gobernador Óscar Bouriyu se había comprometido a no inmiscuirse en relación a estos derechos que reclaman las mujeres por la salud de sus hijos, por lo que ya se radicó una solicitud de inhabilidad de este cabildo, por no respetar los acuerdos internos y sobre todo confundir y pretender la negociación de una sentencia en la que se no está hablando de dinero, sino de salud', explicó el colectivo.
Añade que el relator de la ONU tiene suficiente información, incluso de los pronunciamientos del cabildo gobernador, sobre quien la Corte Constitucional se pronunció afirmando que no tiene la legitimidad para representar a las mujeres accionantes.
'Aunque se vislumbra que, posteriormente, se eligió un nuevo Gobernador y éste señaló su rechazo al amparo, la Sala concluye que esto no tiene la potencialidad de desvirtuar la legitimación de las accionantes para formular la presente tutela, ni mucho menos puede entenderse como un desistimiento. Así las cosas, se acredita el cumplimiento de este requisito de cara a la defensa de los derechos fundamentales de las demandantes y los de la comunidad en su sentido colectivo', fue el pronunciamiento de la Corte.
La comunicación del relator de las Naciones Unidas alerta que la compañía 'no solo desvía y utiliza un gran número de arroyos y afluentes, sino que también vierte agua contaminada con metales pesados y productos químicos'.
Igualmente dice que la ciencia es clara. 'Las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire –como la de los alrededores de la mina El Cerrejón–, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por COVID-19'.
