Ante el juzgado 20 de ejecución de Penas en Bogotá encargado del seguimiento de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017, las organizaciones ABColombia y la Caravana Colombiana que reúne a juristas de Londres presentaron un Amicus (o concepto de respaldo).
La información la dio a conocer el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', el cual dice que en el documento se aportan importantes elementos sobre estándares de derecho internacional en materia ambiental, de derechos humanos y de pueblos indígenas que resultan especialmente relevantes en la causa judicial de la defensa del arroyo Bruno uno de los afluentes del principal río en el departamento de la Guajira, el río Ranchería.
La Corte Constitucional ordenó en la Sentencia 698 de 2017 la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades wayuu.
Las organizaciones de juristas se refieren específicamente a la necesidad de cumplir con esta orden y en particular, se refiere a la aplicación del principio de precaución ambiental para conceder la medida provisional en favor del retorno de las aguas al cauce natural del arroyo Bruno.
El Colectivo de Abogados recuerda que este documento de apoyo se radica en el marco del trámite de verificación del cumplimiento de las órdenes de la sentencia de la Corte Constitucional presentado por ellos, en representación de las comunidades accionantes de la tutela, 'toda vez que habiendo transcurrido más de un año luego de su notificación, tanto la empresa como las instituciones del Estado no han adoptado medidas que garanticen de manera cierta y real los derechos fundamentales de estas comunidades que permanecen amenazados y violados'.
Explica que el Amicus recopila los estándares esenciales en órganos internacionales sobre los derechos a un ambiente sano y su relación con los derechos humanos, al agua, alimentación adecuada, derecho a la salud, cultura, consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, trayendo a colación transcendentales decisiones como la Opinión Consultiva OC-23 de 2017 y la reciente sentencia hito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Lhaka Honhat vs Argentina.
EL documento cita además fundamentos del principio preventivo y principio precautorio y, en relación con el derecho de acceso a la justicia, la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales, para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños ambientales.
Esto en la medida en que el principio de precaución exige actuar con prudencia y cautela para garantizar que se adopten medidas de conservación eficaces para evitar daños irreparables. En ese orden se señala que aplicando el principio de precaución 'los tribunales pueden dictar órdenes para detener las operaciones hasta que se celebren nuevas consultas, intercambiar información, llevar a cabo evaluaciones del impacto ambiental o suspender las operaciones por completo sobre la base del principio'
El amicus concluye señalando como la protección del medio ambiente, incluidas sus entidades naturales como los ríos, los árboles y las selvas tropicales, es esencial para la supervivencia humana y tiene unos estrechos vínculos con las formas de vida y de ser de los pueblos indígenas que tienen conexiones culturales especiales con sus territorios.
Finalmente recomienda 'un examen cuidadoso para garantizar que no se cause un daño irreversible contrario al principio de precaución y que no se infrinjan los derechos humanos fundamentales. Estos principios y medidas de protección son fundamentales para garantizar la protección de los ríos y su valor intrínseco, así como los derechos de los pueblos indígenas al agua, a una alimentación adecuada, a la salud y a la cultura, que son esenciales para su dignidad humana'.
Hace poco la Contraloría advirtió en un informe de auditoría de cumplimiento a la sentencia SU-698 de la Corte Constitucional sobre el desvío del arroyo Bruno, en La Guajira, que las medidas de compensación del impacto ecológico de esta decisión en la región, tomadas por la empresa Carbones del Cerrejón, no han sido las más adecuadas.
Este amicus se presenta en nombre de ABColombia y Colombian Caravana ('la Caravana'). ABColombia es una red de cinco agencias británicas e irlandesas con programas en Colombia: CAFOD, Christian Aid UKI, Oxfam GB, SCIAF y Trócaire.
La Caravana es una organización registrada en el Reino Unido cuyos miembros monitorean abusos contra los derechos humanos a los que se enfrentan profesionales del derecho en Colombia. Los miembros de la Caravana han participado en diferentes delegaciones internacionales en Colombia, la más reciente en el 2018, y el grupo lleva a cabo la labor de promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, prestando apoyo a los abogados colombianos defensores de derechos humanos y a el estado de derecho en Colombia.
