De los ocho exgobernadores que vienen siendo procesados penalmente o que han sido condenados por diferentes delitos, principalmente los de corrupción, solo dos de ellos podrían aferrarse a la posibilidad de una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, uno de los potenciales beneficiarios de la decisión de la Corte Constitucional que ordenó se otorgue la doble instancia al exministro Andrés Felipe Arias, no está plenamente seguro de poder utilizar este garantía para la revisión de su proceso que lo dejó condenado a prisión por nueve años.
Se trata del abogado Hernando Deluque Freyle, quien fungió como gobernador entre 2.000 y 2.003, pero su condena se produjo en 2.016, cuando la sala penal de la Corte Suprema lo encontró responsable de los delitos de celebración de contratos sin el lleno de requisitos de ley y peculado.
La misma corte condenó a Alex Coronado Felizzola, secretario de Deluque Freyle y quien estuvo encargado de la Gobernación. Coronado Felizzola, fue condenado a siete años de prisión. Deluque recibió el beneficio de prisión domiciliaria por problemas de salud y Alex, también se encuentra pagando la condena en su residencia, tras haber cumplido las tres quintas partes de los siete años en prisión.
Deluque Freyle sostiene que él espera un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió nulidad de su condenada y por ahora no está interesado en hacer uso de esa doble instancia. 'No conozco a fondo la decisión de la Constitucional y por ahora no me interesa', dijo el abogado riohachero de 65 años.
José Luis González Crespo, otro de los aforados condenados por la Corte Suprema, no podrá beneficiarse del fallo que le dio un segundo aire jurídico a Andrés Felique Arías, pues la Constitucional limitó el término hasta 2.014 cuando se produjo el fallo que condenó al exministro. José Luis González, quien fungió como gobernador entre 2.004 y 2.007, fue condenado antes de la fecha exigida, es decir 2014 y por eso no está entre los que podrían demandar por la doble instancia.
Otro gobernador condenado es José María Ballesteros, preso por el convenio conocido como el estudio del dengue, donde lo encontraron responsable de varios delitos y fue condenado a 181 meses de prisión. Ballesteros Valdivieso también está por fuera, pues en su sentencia condenatoria ya se aplicó la doble instancia.
Tampoco podrá ser beneficiado el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, quien terminó destituido por la Procuraduría y después condenado por la justicia ordinaria por homicidio. Le aplicaron dos instancias y ahora espera el resultado de una casación. Otro exgobernador condenado es Wilmer González Brito, a quien condenaron en las dos instancias y en la actualidad se encuentra en la clandestinidad. Se procesó surtió las dos instancias que tienen vigencia en el país desde 2.018.
La exgobernadora Oneida Pinto Pérez, destituida por la Procuraduría, es investigada por contratos suscritos cuando fue alcaldesa de su municipio natal, Albania. Un contrato por más de $18.000 millones con el hospital San Rafael de su jurisdicción para atacar el hambre en su comunidad y otro contrato para instalar adoquines en las calles de Albania, que empezó costando cerca de $6.000 millones y según la Fiscalía terminó en un costo superior a los $10.000 millones con las adiciones. Seguramente habrá doble instancia, pues no están cerrados los casos aún.
El último de los exgobernadores de la Guajira con serios líos jurídicos es el ingeniero Jorge Pérez Bernier, a quien favoreció un vencimiento de términos que le hizo recobrar la libertad tras su detención en la cárcel picota por casi un año. A él lo acusan de irregularidades en la contratación conocida en la región como el caso de los Magacolegios, donde se investiga un probable peculado en el contrato que supera los $140.000 millones, tiene garantía de doble instancia, pues su proceso no está concluido.
