En manos del Consejo de Estado quedó la demanda de nulidad simple interpuesta contra el Plan de Manejo Ambiental Integrado aprobado a la compañía Cerrejón que incluye, entre otras medidas cautelares el cierre definitivo de la operación de la empresa explotadora del mineral.
Uno de los argumentos de la demanda, admitida el pasado 22 de julio, es la afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños'.
La medida fue interpuesta en Bogotá por los congresistas Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia y las ONG Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, Cajar y Censat, estas últimas dedicadas al trabajo por el medio ambiente.
La acción también involucra como responsables de lo que plantean como 'mal manejo de las estrategias para minimizar el impacto ambiental', a la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
Las primeras solicitudes que se hacen en la demanda es la revisión de los monitores ambientales y las zonas que tengan exceso de contaminación y estén cercanas a centros poblados sea cerradas.
También piden que a partir de los autos que se emitan quede prohibido cualquier tipo de modificación al Plan de Manejo –Ambiental, sobre todo para la aplicación de las áreas a explotar.
Desde que empezó la explotación de carbón entre Cerrejón y ANLA, Agencia Nacional de Minería, Corpoguajira y las restantes que regulan la actividad minera, el acuerdo era que las empresas sujetas de revisión hicieran una especie de automonitoreo con módulos sensores de la contaminación ubicados y controlados por la misma empresa explotadora, que debía realizar las lecturas de los aparatos en períodos determinados en los acuerdos y a entregar los informes a la autoridad nacional.
Responde Cerrejón
En comunicado, Cerrejón respondió que 'Pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira'.
'Es imposible para el ANLA y las Corporaciones tener disponible todo un equipo burocrático para monitorear cada empresa que desarrolla minería y es por eso que el trabajo fue delegado al supervisado para que tome él mismo la información y la presente a la autoridad que evalúe', dijo Guillermo Fonseca, presidente de Cerrejón, en entrevista con EL HERALDO.
La empresa declaró que seguirá en la ruta de asegurar una operación responsable y respetuosa, que genere valor económico, social, ambiental e individual, en La Guajira y el país.
