El primer proyecto comunitario orientado al fortalecimiento de la ciudadanía activa de las mujeres excombatientes, de las antigua guerrilla de las Farc se puso en marcha en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Pondores, en La Guajira
El programa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización tiene el apoyo de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
En total son 30 personas beneficiadas de las que hacen parte mujeres excombatientes así como habitantes de la comunidad.
El propósito es fortalecer su incidencia en asuntos públicos, la promoción de agendas de mujeres a nivel territorial y nacional, así como la promoción y prevención en derechos sexuales y reproductivos, tal como quedó establecido en el Acuerdo Final, la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las Farc-Ep (Conpes 3931 de 2018) y la política Paz con Legalidad.
'Las mujeres son protagonistas dentro del proceso de reincorporación. Para el Gobierno nacional es una prioridad adelantar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las exintegrantes de las Farc-Ep, fortaleciendo sus procesos de incidencia y participación y brindándoles las garantías para el reconocimiento y ejercicio activo de sus derechos', aseguró Andrés Stapper Segrera, director general de la ARN.
Se busca igualmente promover el ejercicio de las mujeres para su participación en política y en asuntos públicos y construcción de paz. Así mismo en estrategias de reconciliación, convivencia pacífica y ejercicios de no repetición.
Según el Registro Nacional de Reincorporación, 25% de los exintegrantes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación en todo el país son mujeres (2.608). Este proceso beneficia a 300 participantes en toda Colombia, entre exintegrantes de las Farc-Ep y mujeres de las comunidades.
El funcionario explicó que el gobierno nacional en el marco de la política Paz con Legalidad, instaló en enero de 2019 la Alta Instancia de Género de Gobierno, que debe coordinar, armonizar, concertar, impulsar y hacer seguimiento a la transversalización del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final y en la ejecución del Plan Marco de Implementación.
