La radiografía que hizo la Corte Constitucional del departamento de La Guajira, al declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales, es desalentadora, especialmente por las cifras de niños muertos por desnutrición que este año ya llega a 39, superando las registradas el año pasado cuando fueron 37.
Este viernes, junto a la Procuraduría, el alto tribunal abordó las 'problemáticas estructurales' que allí se describen e hizo seguimiento a la sentencia T302 a través de la cual se declaró ese estado en la península.
Según la Corte Constitucional estas estadísticas 'confirman una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil. Los niños y niñas wayuu todos los meses mueren de hambre'.
El magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos explicó que gracias a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la problemática de La Guajira se llevó al plano internacional.
Agrega en la sentencia que es una situación que tiene múltiples causas y que a la vez debe ser atendida en al menos tres frentes o ejes temáticos: alimentación, agua y salud.
La Corte Constitucional pudo constatar la vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayuu.
Por este motivo observó que en el departamento de La Guajira se presenta un estado de cosas inconstitucional en relación con los derechos de los niños y niñas del pueblo wayuu.
El procurador general de la nación Fernando Carrillo Flórez aseguró que cuando las instituciones empiecen a cumplir con los compromisos, la situación cambiará y que están listos para iniciar acciones disciplinarias si se siguen presentando los incumplimientos.
Dijo que hay compromisos en materia de salud, nutrición, agua potable, educación y otros que se derivan de esta sentencia y que junto a la Defensoría del Pueblo, están en coordinación para poder garantizar los derechos de la población wayuu, pero además cree que es un compromiso de todas las autoridades.
'Lamentablemente hemos sido testigos y hemos actuado con el saqueo que la clase política ha hecho en este departamento. Esa misma clase que ha sido insensible a las necesidades de los niños y por eso hay una cuota de responsabilidad para ellos', indicó.
El jefe del ministerio público también expresó que 'cada muerte de un niño es una tragedia humanitaria y esto hay que pararlo y la única forma es que haya responsabilidad por parte de las entidades'.
Durante la audiencia pública de seguimiento a estas órdenes, el líder wayuu del municipio de Manaure Ever Epinayu afirmó que todo sigue igual en sus territorios, donde sufren por la falta de agua potable y por las deficiencias de la atención en salud.
'Sería bueno que los funcionarios visitaran nuestras tierras, donde se darían cuenta de la triste realidad y de la verdadera crisis que padecemos', manifestó.
Sin embargo, consideró esta una gran oportunidad para poder interactuar con las autoridades y entidades involucradas en la problemática. 'Queremos trabajar de la mano con ellos y esta es una señal de que podemos avanzar', aseguró.
