Organizaciones sociales y gremiales han manifestado su preocupación por el asesinato de Érika Yamile Gómez Rueda, ocurrido el pasado 19 de marzo en el barrio Rebolo, en Barranquilla. La joven había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y contaba con una medida de protección. Sin embargo, la comunidad ha cuestionado la efectividad de los protocolos de atención y el seguimiento de las autoridades al caso.
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Familiares de la víctima han señalado la falta de acompañamiento por parte de las entidades encargadas, lo que ha llevado a sectores de la sociedad civil a solicitar la apertura de investigaciones para determinar posibles omisiones por parte de las instituciones responsables.
En este sentido, han exigido a la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control que se realicen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
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El caso de Gómez Rueda se suma a las cifras de violencia de género registradas en el departamento del Atlántico. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han advertido sobre el incremento de los homicidios de mujeres en la región y han pedido una evaluación de las estrategias de seguridad para la protección de víctimas de violencia de género.
Como parte de las exigencias, se ha solicitado la convocatoria de mesas de trabajo interinstitucionales con el propósito de analizar la situación actual y establecer medidas para prevenir hechos similares.
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Asimismo, se ha requerido un informe sobre la aplicación del protocolo de protección que había sido otorgado a la víctima, incluyendo las acciones implementadas por las autoridades.
Finalmente, diferentes sectores han instado a la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Defensa a pronunciarse sobre el caso. Además, se ha solicitado celeridad en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
