“¿Se queda con la coca o espera la plata?”, esa pregunta que hace algunos años se coló en medio de interceptaciones telefónicas contra agentes de la Policía Nacional que se habían quedado en Barranquilla con un alijo de cocaína, decomisado en un barrio popular, no solo sirvió para que se culparan ante la justicia, sino para prender las alertas sobre la masiva participación de agentes de las fuerzas del orden en el mercado de la droga.
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En Colombia, la lucha contra el narcotráfico es una batalla constante y en la región Caribe los avances en las investigaciones sobre narcotráfico han puesto al descubierto en los últimos seis meses una red de corrupción que ha involucrado a funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública, desmoronando la confianza que la ciudadanía tenía en sus propios protectores. Desde policías hasta miembros de la intachable Armada Nacional han sido atrapados tras la denuncia de nexos con los carteles del narcotráfico que operan en las zonas portuarias y rurales del país.
Alta temperatura en Maicao
El 14 de agosto de 2024, un acontecimiento inusual sacudió a la comunidad de Maicao, La Guajira. Kevin Simón López Barrios, quien por aquel entonces desempeñaba el cargo de secretario de Gobierno, fue detenido por su vinculación con una estructura criminal que operaba en la región. La noticia, que se extendió rápidamente, dejó a todos atónitos, incluso a sus propios compañeros de trabajo, quienes nunca imaginaron que el hombre que se presentaba ante la comunidad como un defensor de la ley en realidad estaba colaborando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con fines de narcotráfico.
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La Fiscalía General de la Nación luego señaló que la detención de López Barrios se hacía con fines de extradición, pues este era requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas.
Lo del secretario de Gobierno habría tomado a todos por sorpresa, incluso a su equipo cercano de trabajo, todo porque un día antes a su captura habían estado acompañándolo en medio de un consejo de seguridad por el asesinato a tiros del patrullero de la Policía Nacional Elver Valero, al parecer, cuando transportaba en una patrulla a un integrante del ‘Tren de Aragua’ llamado Rafael Andrés Puentes Urdaneta. El uniformado fue víctima de terceros que llegaron a rescatar al criminal para llevárselo hasta Venezuela.
“En compañía de nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía Nacional y Personería Municipal, rechazamos todo acto delictivo en contra de la Policía. Nos solidarizamos como Administración Municipal con nuestro patrullero Valero… Vamos a desplegar toda la inteligencia, todas las unidades operativas para poder dar con la captura de estos delincuentes que fatalmente asesinaron a nuestro compañero”, expresó en ese momento López Barrios, como secretario de Gobierno, acompañado de uniformados a ambos lados, en la típica imagen que demostraría trabajo conjunto de autoridades.
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López Barrios actuaba ese día como alcalde encargado, pues el titular Miguel Felipe Aragón González había viajado a Bogotá para cumplir con una agenda en la búsqueda de recursos y desarrollo para su región, entre otros planes, con el Gobierno nacional.
Esta captura del funcionario de la Alcaldía de Maicao no solo mostró la complejidad de la infiltración, sino también el nivel de acceso del crimen organizado entre autoridades civiles y de policía.
Una primera caída
Meses después, en noviembre de 2024, el panorama se oscureció aún más. Al menos 18 policías de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico fueron detenidos en una operación que reveló la existencia de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y otros delitos.
Los uniformados, según las investigaciones, utilizaban su posición para extorsionar a narcotraficantes y facilitar el transporte de drogas. Las detenciones se realizaron en ciudades clave como Maicao, Uribia y San Juan del Cesar.
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En su momento, las autoridades descubrieron que, además de involucrarse con el narcotráfico, los uniformados formaban parte de un grupo organizado que se encargaba de desviar mercancías de contrabando. La investigación, dirigida por fiscales especializados en el narcotráfico, arrojó que los capturados trabajaban con información privilegiada para facilitar el contrabando de droga y otros productos.
Cabe reseñar que varios de los miembros de la fuerza pública fueron trasladados a sus ciudades de origen y hoy están en curso sus procesos judiciales.
Un enlace de ‘los Costeños’
En enero de este 2025 un caso particularmente llamativo fue el de Jonathan David Ustaris Cantillo, un expolicía que, tras su salida voluntaria de la institución, fue detenido con fines de extradición a Puerto Rico. Su nombre apareció en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico internacional, específicamente en el marco de la operación ‘Boricua’, que reveló su participación y la de la estructura criminal ‘los Costeños’, con fortaleza en Barranquilla y su área metropolitana, en la salida de grandes cantidades de cocaína desde la capital del Atlántico hacia los Estados Unidos.
Ustaris, quien había formado parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y posteriormente se dedicó a labores administrativas, aparentemente aprovechó sus conexiones en la Policía Nacional para facilitar el tráfico de drogas a través de embarcaciones deportivas. Su detención fue solo el principio de una serie de operativos destinados a desmantelar redes de narcotráfico que operaban bajo el radar de las autoridades.
Más policías
El pasado 25 de febrero se confirmó la caída de otros seis uniformados de la Policía de La Guajira, acusados también de trabajar para una red dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Esta operación, que involucró a agentes locales e internacionales de la DEA, se llevó a cabo en Riohacha, donde apresaron a tres miembros de la Sijín; en el municipio de Maicao, en donde cayeron dos de la misma dependencia y uno más en Fonseca, lugar donde fue detenido un uniformado asignado a la seccional de contrainteligencia de la Policía, Sipol.
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Inicialmente se dijo que los uniformados detenidos habían sido transportados a Bogotá para su judicialización, pero luego se confirmó que estos habían sido trasladados hasta una estación policial de la región mientras se surtían las audiencias preliminares.
Mancha en la Armada
Al finalizar febrero, la Armada Nacional, una de las fuerzas con alto prestigio en Colombia, sufrió el impacto de la operación contra 14 miembros de la red narcotraficante ‘La Punta’, que operaba con información privilegiada.
La Fiscalía, en conjunto con la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos), desmanteló la organización que utilizaba a oficiales de la Armada para facilitar el envío de cocaína hacia Honduras y Estados Unidos. Siete funcionarios de la institución fueron detenidos, acusados de facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y de proporcionar información sobre las condiciones meteorológicas y las operaciones de seguridad en alta mar, permitiendo que los cargamentos de droga pudieran llegar a su destino sin ser interceptados.
Estos uniformados fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y testaferrato.
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Y sobre los otros siete capturados, requeridos con fines de extradición por una corte distrital de Estados Unidos, se estableció que recibían dineros de los contactos internacionales por el envío de toneladas de cocaína y, al parecer, estos eran invertidos en una empresa dedicada a la compra y venta de oro ubicada en Bogotá, para darles apariencia de legalidad y evadir los filtros financieros.
No es algo nuevo
La infiltración de estructuras criminales en la Policía y la Armada Nacional demuestra que, a pesar de los esfuerzos para erradicar el narcotráfico, la corrupción dentro de la misma fuerza pública es un obstáculo grave. La desconfianza en estas instituciones crece a medida que más funcionarios son señalados por su vinculación con grupos delictivos.
Al respecto, Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto y catedrático de la Universidad Externado, expone que ante este tema no se puede “olvidar el pasado”, pues desafortunadamente funcionarios públicos, incluidos policías y militares, han terminado involucrados con grupos criminales. “Es decir, eso no es nuevo, y no solo sucede en Colombia”, afirma.
“Frente a eso ha habido varias posiciones, una de las cuales resalta que la fuerza pública, por su naturaleza, está muy cercana al crimen organizado, porque su misión, desde diferentes ópticas, es enfrentarla. Esa cercanía hace que ciertos miembros de la fuerza pública sean más propensos, que otras entidades, a terminar involucrados en actividades criminales. Más aún, cuando el componente financiero entra a jugar, porque desafortunadamente los ingresos de los miembros de la fuerza pública no son muy altos”, opina el experto.
Reconoce además que también hay casos en los cuales esos ‘narcopolicías’ terminan participando en actividades ilegales, por obligación, porque son amenazados por los mismos criminales que “saben cómo se ejerce presión y ejercer su poder sobre los uniformados”.
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Sin embargo, Macías advierte que puede haber otro incentivo perverso, que también incide sobre las motivaciones de los criminales a continuar en sus actividades ilegales, y es la baja confianza en las instituciones de justicia, o la percepción de qué las instituciones de justicia no funcionan.
“Entonces, aunque se cometen hechos criminales, como la justicia no llegará oportunamente, se genera un sentido perverso que reduce los riesgos del crimen y por lo mismo aumenta su rentabilidad”, relaciona.
Por su parte, el profesor e investigador académico de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos manifiesta que estas situaciones ponen varios puntos a discutir sobre la mesa.
El primero es la calidad en los procesos de incorporación. “Si realmente hay unos filtros rigurosos que se apliquen en los procesos de ingreso a la fuerza pública, evitando infiltraciones o la llegada a la institucionalidad de personas que tengan algún tipo de vinculación con el mundo de la ilegalidad”.
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Otro punto de discusión, que coincide con la teoría del primer experto, es la calidad de los salarios que reciben los miembros de la fuerza pública. “En muchos casos son bajos en comparación con otras fuerzas de seguridad de la región y quizás eso se convierte en una especie de incentivo para ser cooptados por la ilegalidad”, concluye el docente.
