Este martes 17 de septiembre, fecha en que se conmemoran los 20 años del asesinato del sociólogo y catedrático Alfredo Correa De Andreis, habrá una serie de actos presenciales que incluyen una eucaristía en el mismo sitio donde fue atacado a tiros junto a su escolta, en el tradicional barrio El Prado de Barranquilla, y un desfile de estudiantes por la paz en su natal Ciénaga, Magdalena.
Pero en Bogotá, de acuerdo con lo conocido por , se radicará un proyecto de Ley en el Congreso de la República que tiene como objetivo honrar la memoria del catedrático, otorgándole post mortem la Orden de Boyacá, como reconocimiento a su labor académica y la defensa de los derechos humanos. La ponente es la representante a la Cámara por la Circunscripción Internacional Carmen Felisa Ramírez Boscán, feminista y defensora de los derechos humanos y de las mujeres indígenas.
“Es un reconocimiento a su labor académica y la defensa de los derechos humanos, en especial sobre los derechos de los desplazados, tema sobre el cual verso su última investigación académica”, comunicó el abogado José Humberto Torres, quien asegura que acompañará a la congresista en este acto en la capital del país.
Torres es el abogado que representó durante todos estos años los derechos de la familia Correa De Andreis, como víctima, en los procesos judiciales contra los involucrados en el crimen del catedrático y, frente a este tema, reveló que 20 años después “aún hay procesos penales y disciplinarios pendientes”.
“A pesar de los éxitos que hemos tenido en el escenario judicial para evitar la impunidad, tanto en el montaje judicial como en el asesinato del que fue víctima Alfredo, aún hay procesos penales y disciplinarios pendientes. Todo indica que la Fiscalía tiene engavetado el proceso penal contra Rómulo Betancourt Garrido, quien era director de la Seccional Bolívar del DAS, para la fecha del crimen de Correa de Andreis; contra Giancarlo Auqué de Silvestri, secretario General y Director[e] de Inteligencia del DAS. Pese a las condenas proferidas en materia penal contra Jorge Noguera Cotes y Javier Alfredo Valle Anaya, no se conocen decisiones disciplinarias emanadas de la Procuraduría General de la Nación contra estos ex funcionarios públicos”, indicó el especialista en derechos humanos.
Hay que reseñar que el 17 de septiembre de 2004, Alfredo Correa De Andreis fue baleado junto a su escolta personal, Edelberto Ochoa Martínez. La escena fue macabra: el sicario acabó primero con Ochoa y luego, con frialdad, le disparó a Correa. El académico, en un último acto de desesperación, exclamó: “¡Hey, loco, no dispares!”, antes de ser acribillado. Esas palabras se convirtieron en un lamento en la memoria de quienes conocieron su obra y su integridad.
La justicia evidenció que el asesinato de Correa no fue un hecho aislado, sino el resultado de una siniestra colaboración entre funcionarios corruptos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
En ese sentido, el abogado Torres recordó que los padres de Alfredo, en particular el señor Alfredo Correa Galindo, “fallecieron con la convicción que el presidente Álvaro Uribe Vélez tenía algún tipo de responsabilidad como autor mediato, como autor intelectual del crimen cometido contra su hijo; creencia que me reiteró el papá de Alfredo una y otra vez en nuestras reuniones. Sin embargo, hasta la fecha nadie que no sea Rafael García Torres, ex jefe de informática del DAS, ha confirmado la sospecha. Cuando en el proceso penal interrogue a García Torres al respecto, dijo bajo juramento que no le constaba que Uribe tuviese responsabilidad directa en el hecho, de lo que si estaba seguro, dijo, es de que ‘el alto gobierno’ sabia del abuso criminal del poder que se ejercía en el DAS”.
Valle Anaya y la JEP
Frente a la aceptación de Javier Alfredo Valle Anaya en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el penalista comunicó que exfuncionario del DAS ya tuvo sus primeras versiones ante este organismo los días 4 y 5 de septiembre, y en dichas diligencias insistió en que fue mal condenado por la justicia colombiana y que no se le dio oportunidad de defenderse.
“En 2020, (Valle Anaya) pidió pista en la JEP; entonces guardamos la esperanza que su aporte a la verdad superaría el umbral de lo conocido. Pero en esos dos días de audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, nada dijo que no sepamos quienes durante dos décadas hemos estado trabajando en este caso”, mencionó Torres.
Y opinó que el tiempo y oportunidad en la JEP terminó para este exfuncionario del extinto DAS.
“Lo más seguro, lo jurídicamente procedente, es que en próximos días la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decida la exclusión de Valle Anaya de la JEP y, en consecuencia, el ex director del DAS deberá cumplir la sentencia que le impuso la justicia ordinaria”, finalizó.
