La Fiscalía General de la Nación dio claridad entre la mañana y la tarde de este miércoles 24 de abril al caso de la falsa médica que laboró por tres años en la Clínica Regional de la Policía, localizada en el municipio de Soledad, Atlántico, y que presta servicios de salud a los miembros de la institución de todo el Departamento.
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Un representante del ente investigador hizo la exposición ante la juez Sexta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla, tras la legalización de las capturas de Mayra Alejandra Zapata Gómez, nombre de la falsa médica; la mayor de la Policía Andrea Paola Rodríguez Serrano; los suboficiales Javier Bula Barrios y Rubén Pinto Vargas, así como de la sicóloga Marbel Luz Pertuz Martínez.
Aunque en las diligencias se hizo detalle en que en el caso del suboficial Bula Barrios este se entregó ante las autoridades.
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Tal y como reveló EL HERALDO en el día de ayer, uniformados de la Dijín de la Policía Nacional detuvieron en la ciudad de Cartagena a Mayra Zapata Gómez, en cumplimiento a una orden detención emanada por un juez por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular.
Luego de poner en conocimiento al juez sobre el particular, la mujer fue trasladada a la ciudad de Barranquilla, al igual que la mayor Andrea Paola Rodríguez Serrano, quien actualmente estaría frente al cargo de la dirección de la Clínica de la Policía en Villavicencio, Meta.
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Cabe recordar que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional emitió un comunicado el pasado 26 de enero en el que se confirmaba un trabajo de control interno a raíz de las denuncias por 'una serie de inconsistencias en algunos procesos de contratación de la Unidad Prestadora de Salud (UPRES) Atlántico', de la que hace parte la Clínica de la Policía.
Esta historia habría empezado entre junio y julio del año anterior, cuando llegó a la dirección del centro asistencial una oficial de Policía, en el rango de coronel. La uniformada habría ordenado cambios, entre estas supuestas convocatorias para relevar de algunos cargos a viejos funcionarios, pero, de fondo, terminó contratando a familiares, en un aparente caso de nepotismo.
Dichas irregularidades habrían sido escaladas a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por lo que se inició una auditoría interna en la Clínica Regional de la Policía que derivó en varios hallazgos, entre estos el de la contratación de la doctora Maira Alejandra Zapata, al parecer, vinculada a la clínica desde 2020, en época de pandemia.
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Según fuentes de la Policía, la falsa médica llegó en un momento de crisis por el covid-19, y se vinculó al área de urgencias, así como en la atención de pacientes a través de citas virtuales. Recetó medicinas y, lo que es peor aún, firmó actas de defunción de pacientes que llegaron al lugar en busca de mejoría, en medio de la pandemia.
En esa línea, de acuerdo con esa reciente exposición de la Fiscalía, Mayra Zapata Gómez habría firmado 'siete contratos como médico general con la clínica de la Policía, entre los años 2020 y 2023'.
'Esta mujer no ostenta la profesión de médica general o es profesional de la medicina. Falsificó diplomas y otros documentos referidos como profesional de la medicina', expuso el fiscal ante la representante de la justicia.
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Sin embargo en paralelo a la investigación de la Fiscalía se ventilaron otro tipo de circunstancias sobre la forma cómo fue descubierta la mujer, previo a la auditoría de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
Al parecer, una de las versiones se asociaría a un pleito entre Mayra Zapata y otro médico del lugar que derivó en un seguimiento a la mujer y el descubrimiento de su montaje.
Eso fue dejado en claro por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que determinó que la 'profesional de la salud no estaba inscrita en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS), situación que generó una alerta'.
Por otro lado, la oficial, los dos subintendentes y la sicóloga detenidos son investigados por la presunta omisión de sus funciones y responsabilidades en los procesos contractuales.