El freno de mano le puso este viernes 14 de julio el Procurador Provincial de Instrucción de Barranquilla, Jorge Antonio Vásquez, a dos oficios que había firmado un funcionario del órgano de control para ‘presionar’ el traslado del condenado Emilio José Tapia Aldana de la Penitenciaría de El Bosque al Batallón de Ingenieros del Ejército Vergara y Velasco, con sede en Malambo.
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Cabe señalar que a comienzos de junio el juez Primero Promiscuo municipal de Malambo con funciones de control de garantías y conocimiento, Franklin de Jesús Bedoya Mora, ordenó el cambio de prisión de Tapia Aldana al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, con sede en la misma población. Y fue de conocimiento que la decisión del togado se dio en cumplimiento a una acción de tutela en la que aparecen como accionantes los familiares del condenado y como accionado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
En su momento se conoció que la pareja e hijos del condenado por corrupción y preso actualmente en la Penitenciaría de El Bosque elevaron la petición ante el juzgado en amparo de los derechos fundamentales a la 'unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana'.
En ese sentido, al no haberse dado el traslado, abogados de Tapia Aldana habrían buscado a un funcionario de la Procuraduría para ejercer presión.
{"titulo":"Emilio Tapia y Hugo Canabal, multados por $232 y $116 millones","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/emilio-tapia-y-hugo-canabal-multados-por-232-y-116-millones-respectivamente-979435"}
Ahí entró en acción Óscar Obeso Hernández, profesional universitario grado 17, quien suscribió los oficios 3571 y 3572 del 10 de julio de 2023, que iban dirigidos al comandante del Batallón Vergara y Velasco, el teniente coronel Mauricio Calvo, y al brigadier general Jaime Eduardo Torres Ramírez, comandante del Ejército Nacional.
Ambos documentos firmados por el funcionario pedían a los altos oficiales cumplir 'de manera inmediata las órdenes judiciales reiteradas por las células judicial e informamos de su cumplimiento, en su defecto, evaluaremos la suspensión provisional de los cargos de quienes corresponda por posibles faltas disciplinarias…'.
Ante eso, EL HERALDO conoció el Auto 000040 emitido por el Procurador Provincial Vásquez en el que dejó sin efectos los oficios antes mencionados, al parecer, luego de establecer que el funcionario no tenía la competencia para elevar dicha solicitud.
'En consecuencia es la Procuraduría 207 Judicial Penal 1 quien debe actuar dentro del mencionado proceso y realizar cualquier tipo de vigilancia como resultado de las actuaciones y las decisiones tomadas por el juez', señaló el Procurador.
