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En audiencia llevada a cabo este jueves, el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Carlos Sánchez Pérez Alarcón, dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez, por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, desaparición forzada y otros.

Seguidamente, el magistrado negó la solicitud de sustitución de la medida impuesta al postulado por no haber demostrado buena conducta y sometimiento a programas de resocialización y por tener una imputación en justicia permanente por delitos cometidos luego de haberse desmovilizado en 2006.

En enero pasado, la Corte Suprema de Justicia negó la libertad del exparamilitar, luego de resolver un recurso de apelación que presentó la defensa de Mancuso contra la decisión del mismo magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla.

Así las cosas, el magistrado negó la sustitución de la medida de aseguramiento el 24 de octubre de 2019, porque sobre Mancuso pesa una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con lavado de activos, atribuyéndole la conformación de una organización dedicada a dar apariencia de legalidad a dinero producto de actividades del narcotráfico.

Por su parte, Jaime Paeres, abogado de Mancuso, informó el pasado viernes, que su defendido solo deberá responder por los delitos que habría cometidos hasta el 10 de diciembre de 2004.

El magistrado Pérez Alarcón tomó la decisión dentro del proceso de Justicia y Paz, que se le sigue al exjefe de las AUC.

'Mancuso sólo debe responder por delitos cometidos hasta el 10 de diciembre del 2004, por lo tanto se desestima la tesis de la Fiscalía, en que la desmovilización fue un acto complejo y por lo tanto mi defendido debería responder hasta la fecha de desmovilización del último grupo de las AUC, el Bloque Norte comandado por Jorge 40, que se dio el 10 de marzo de 2006', señaló el abogado.

El exjefe paramilitar, quien ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinato, entre ellos la masacre de El Salado, en Bolívar, ocurrida en febrero de 2000, en la que fueron asesinadas, al menos 60 personas, será liberado el próximo 27 de marzo en EEUU donde desde hace 12 años cumple una condena por narcotráfico.