Dos bandos se disputan desde el año 2016 el control de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano, cuyo manejo se realiza a través de la Fundación Acosta Bendek, una entidad creada hace casi medio siglo por el ya fallecido otorrinolaringólogo y ex senador, Gabriel Acosta Bendek, y su primera esposa Sofía Acero de Acosta.
Por aquellos tiempos, después de ser constituida la fundación, el médico Acosta unió también esfuerzos con sus hermanos para instituir en 1973 la Universidad Metropolitana y, cuatro años más tarde, es decir en 1977, ese mismo grupo abrió las puertas del Hospital Universitario Metropolitano.
Gabriel Acosta Bendek incursionó en la política llegando, incluso, a ocupar una curul en el Congreso de la República desde 1994 hasta el año 2010. La rectoría después pasó a manos de Eduardo Acosta Bendek, quien estuvo en el cargo durante 35 años.
Bajo la dirección de los hermanos Acosta Bendek, la Universidad y el Hospital alcanzaron su máximo prestigio, tanto a nivel académico como en el ramo de los servicios médicos a la comunidad barranquillera.
Pero la muerte de Gabriel Acosta en agosto de 2014, cuando este tenía 84 años, desató entre sus herederos y los herederos de sus hermanos dos pleitos, uno penal y otro civil, en torno a quién debía tomar el control de todo el emporio.
La pugna, hasta el momento, no parece tener fin. Los choques jurídicos han dividido a la familia. Por un lado están Alberto Acosta Pérez y sus primos Luis Fernando y Juan José Acosta Osío (actual rector de la alma mater), María Cecilia Acosta Moreno y Gina Eugenia Díaz de Acosta (esposa de Alberto). Es decir, unos de los hijos de Gabriel Acosta Bendek, así como los otros herederos de los tres fundadores: Eduardo, Jacobo y Alfonso Acosta Bendek.
En el otro bando están Ivonne Acosta, única hija del matrimonio conformado por Gabriel Acosta Bendek y Sofía Acero de Acosta, quienes dieron origen a la Fundación que hoy está en el centro del pleito. Ivonne Acosta es respaldada por su esposo Carlos Jaller Raad, quien es uno de los denunciantes, así como por Javier Cuartas Jaller y Jorge Luis Hernández Cassis.
Contexto
Luego de la muerte de su padre, Ivonne Acosta asumió la presidencia de la fundación, de la cual era vicepresidenta desde 2008, tras la muerte de su mamá en 1995. Y como parte de sus primeras decisiones, encargó a su hermano Alberto Acosta la dirección del hospital y a su esposo, Carlos Jaller Raad, la rectoría de la universidad.
Sin embargo, un par de años después de la muerte de Gabriel Acosta, los intereses se dividieron entre los esposos Jaller Acosta y los otros herederos de los Acosta Bendek debido a unas diferencias que surgieron en medio del manejo del consejo directivo de la universidad.
Según consta en actas aportadas en el proceso, unos cambios ordenados por Jaller Raad llevó a que los otros herederos montaran a Alberto Acosta Pérez en la dirección de la Fundación Acosta Bendek y en la rectoría de la Universidad Metropolitana y eso dio pie al primer pleito.
Ivonne Acosta, apoyada por Carlos Jaller, denunció entonces a sus primos (en mayo de 2016) de elaborar unas actas 'sin ningún tipo de legalidad', con lo que –según la denuncia– se consiguió un cambio de los estatutos de la Fundación y luego los nombramientos de miembros de junta directiva y de sus miembros activos.
En un juzgado civil se interpuso una demanda que llegó a restablecer algunos derechos de Ivonne Acosta; sin embargo, ella no consiguió entrar nuevamente a la Universidad ni a la Fundación, como pretendía.
A raíz de esa situación, los Jaller Acosta instauraron entonces una denuncia penal contra Alberto Acosta y sus primos Acosta Osío por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y fraude procesal.
De acuerdo con aquella denuncia de Carlos Jaller Raad, 'los fundadores se auto-determinaron como tal, sin serlo, y bajo esa condición tomaron algunas decisiones que, posteriormente, conllevaron a su despido como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla', según consta en la investigación.
Este caso fue llevado por la Fiscalía 56 Seccional de Patrimonio Económico. Sin embargo, contra el fiscal a cargo fue abierto un proceso cuyo expediente es el número 080016001257201802669, por el delito de prevaricatro por acción al ‘no dar trámite a las investigaciones penales y llevarlas a otras estancias del ente investigador'.
Paralelo a eso, en enero de 2017, el economista Alberto Acosta Pérez, entonces rector de la Universidad Metropolitana, presentó su renuncia al cargo, argumentando que buscaba proteger su seguridad y la de su familia. Por ello se designó en ese cargo a Juan José Acosta Osío.
