Ginna Margarita Ricardo Cantillo, señalada por la Fiscalía de estafar junto a su expareja a 28 personas que buscaban comprar viviendas a través de remates inmobiliarios, deberá volver a la cárcel luego de que el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento revocara la libertad por vencimiento de términos que esta gozaba desde el mes de julio.
La decisión de segunda instancia fue tomada por el juez del circuito Carlos Andrés Vásquez Velásquez. Este resolvió en favor de la Fiscalía la apelación interpuesta ante el juez 16 Penal Municipal con funciones de control de garantías que decretó en audiencia del 10 de julio la libertad por vencimiento de términos de Ricardo Cantillo y su expareja, el policía Juan Carlos Agámez Pájaro.
Dicha libertad fue amparada en lo establecido en el artículo 317 numeral 5 de la ley 906 de 2004, que señala 'cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio, en el caso de la justicia especializada el término de tiempo se duplicará'.
Es decir que deben transcurrir 240 días para otorgar libertad por vencimiento de términos.
Sin embargo en decisión de segunda instancia, el juez Vásquez Velásquez estableció que aún no se cumplen los términos para otorgar el beneficio.
Tras la imposición de la orden judicial, Ricardo Cantillo deberá ser trasladada a la cárcel de mujeres de El Buen Pastor para cumplir la medida de aseguramiento intramural impuesta el 20 de agosto de 2017 por un juez de control de garantías.
Sobre la libertad de la expareja de la mujer, Juan Carlos Agámez Pájaro, será la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla quien se pronuncie en los próximos días, luego de que la defensa de este recusara al juez quinto penal del circuito.
Paralelo a esta decisión se adelantan las audiencias preparatorias previas al juicio oral ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, quien determinará su responsabilidad en delitos de estafa agravada en masa, captación masiva y habitual de dinero, falsedad material en documento público y privado, y por último concierto para delinquir.
En audiencias preliminares contra estas personas, las autoridades estimaron la suma de la estafa en $1.527 millones, producto de una supuesta venta de casas que se encontraban en remate, sin embargo estas nunca fueron entregadas a las personas que consignaron entre 30 y 100 millones de pesos.
