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La candidata al Senado por el Centro Democrático, Yohana Salamanca Jiménez -hija de la desparecida senadora Gilma Jiménez, quien proponía la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños-, interpuso el pasado miércoles una denuncia ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico contra los funcionarios judiciales que dejaron libre en 2008 al barranquillero Juan Carlos Sánchez Latorre, alias El Lobo Feroz, señalado de abuso sexual y pornografía infantil contra al menos 276 menores en la Costa Caribe.

La demandante dijo a medios de comunicación que estas decisiones 'generaron gran daño y desprotección a la sociedad en general y en especial a los niños y niñas que fueron abusados por el liberado (...), al punto de alcanzar a violar a más de 500 niños y niñas, entre ellos una bebé de 14 meses'.

Este diario reveló hace un par de días, de acuerdo con documentos obtenidos que el Lobo Feroz fue detenido el 13 de enero de 2008, tras un presunto episodio de abuso sexual a menores, pero fue dejado en libertad debido a un mal procedimiento de captura. Pasó dos meses libre, pero nuevamente fue capturado el 14 de marzo dentro de la misma investigación. Ocho meses permaneció en la cárcel Modelo y el 10 de noviembre la jueza 9 de garantías de Barranquilla, Diana Quiñónez, le dio la libertad por vencimiento de términos, solicitada por la abogada defensora del imputado, Gilma Cecilia Chacón. El fiscal del caso fue el 38 de Vida de Barranquilla, Johnny González Sánchez.

'No puede estar en la calle'

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Martha Lucía Olano, aseguró que abusadores como Sánchez Latorre no deben quedar en libertad.

'Yo no conocía el caso. Ese es uno de los delitos graves en mi sentir. Un violador de niños no puede estar en la calle porque pone en peligro muchos niños', dijo.

La magistrada Olano aseguró que se enteró hasta ahora que este sujeto estuvo preso en el 2008 y que quedó en libertad, por decisión de un juez.

'Han trascurrido 9 años y las prescripciones operan. Tendríamos que mirar el caso en concreto y en qué época fueron los hechos, cuándo se denunciaron, qué decisión tomó el juez', señaló.

Piden acelerar la extradición

El representante a la Cámara de La U y autor de otro proyecto que busca la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños, Efraín Torres, advirtió que no han sido efectivos los trámites de parte del Gobierno Nacional para garantizar la extradición, lo antes posible, del Lobo Feroz, preso desde el pasado 1 de diciembre en una cárcel de Venezuela.

'Veo lenta a la Cancillería colombiana en tramitar la extradición del señor Sánchez (...). Este salvaje fue capturado el 1 de diciembre en Venezuela y ya es para que estuviera respondiendo por esa cantidad de delitos contra los niños, violó a 500 niños, este tipo de asesinos, de sádicos, es para que estuvieran pagando el resto de sus días en la cárcel', dijo.

Y concluyó: 'quiero pedirle a la Cancillería y al gobierno venezolano celeridad en este proceso de extradición, primero deben ser los niños'.

No obstante, hay que precisar que las solicitudes de extradición de colombianos ante gobiernos extranjeros las hace un juez o un fiscal ante el Ministerio de Justicia y este, a través de la Cancillería, pide el envío.

Al respecto, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró el miércoles que ya se había solicitado la extradición al gobierno de Venezuela, 'en el marco del convenio Bolivariano de Extradición, la extradición de este sujeto. Este trámite ya fue solicitado'.

Detención preventiva a 'violadores'

El representante Torres, además, señaló que es urgente una reforma al sistema judicial: 'Este caso es aberrante y realmente cuestiona el accionar de las autoridades en casos de violaciones de niños: no puede ser posible que hubiese indicios desde 2005 de los crímenes cometidos por Sánchez y hasta ahora se realice la captura de este personaje luego de abusar de más de 500 niños. Esto realmente es indignante'.

Acto seguido, planteó que el sistema judicial necesita varias reformas para lograr una judicialización efectiva de este tipo de depredadores sexuales: 'El sistema judicial necesita varios cambios, por ejemplo: los jueces deben dictar detención preventiva en cuanto se tengan indicios del comportamiento de este tipo de criminales para evitar que se produzcan más víctimas. Además se debe implementar el banco de ADN para dar con todos los casos que pudo haber cometido el violador y sea judicializado efectivamente'.

Finalmente, advirtió que se necesita también 'la cadena perpetua para que estos enfermos que representan un peligro para la sociedad, permanezcan para siempre tras las rejas'.

El 'paseo' del caso en Bogotá

Como lo informó este diario desde hace un par de días, las aparentes irregularidades en el caso del presunto violador en serie barranquillero no se agotan en la capital atlanticense, pues en Bogotá, de acuerdo con el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, la Fiscalía, aunque inicia el caso contra Sánchez el 8 de febrero de 2011 y aunque ya México había enviado las más de 1.400 fotografías y los 15 videos del Lobo Feroz con 276 menores, que constituían más que una sólida evidencia en su contra, solo logra la orden de captura del presunto abusador hasta el 13 de julio de 2016, es decir, cinco años después.

Sobra decir que en esos cinco años Sánchez Latorre ha podido victimizar a un número aún desconocido de niños indefensos más.

En el sistema de consultas de la Fiscalía, además, se reporta que el 20 de junio de 2016, es decir, un mes antes de la aplazada orden de captura, el ente acusador había reasignado ese caso a la Fiscalía 251 de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá.

Durante esos cinco años, aunque el organismo de investigación penal hizo solicitudes y audiencias reservadas en el proceso ante 12 juzgados de garantías, no se indica en el sistema de órdenes de captura contra El Lobo Feroz.

Ante los 12 juzgados de garantías la Fiscalía hizo solicitudes propias de la investigación que requieren del aval de un togado, como por ejemplo las búsquedas selectivas en las bases de datos, que son las actividades ordenadas por el fiscal del caso a la policía judicial para obtener información confidencial.

Finalmente, el 13 de julio de 2016, el Juzgado 58 de Garantías de Bogotá dicta orden de captura contra Sánchez Latorre y se lee en la consulta que pasa el expediente de 39 folios en su contra al 'Grupo de Libertades y Capturas'.

Por su parte, el fiscal Martínez lamentó el miércoles todo el tiempo que ha llevado el proceso: 'lamentablemente estos son los tiempos que he venido denunciando a lo largo de todo el país y que en casos como este piden una acción rápida de la justicia'.

Agregó que, en cuanto a los dos testigos que en 2008 señalaron a Sánchez, no fueron a 'comparecer' en el juicio que se trató de llevar a cabo ese mismo año: 'El sentido de responsabilidad social en estos casos se degrada y, si no hay testigos, no hay condenas. No avanzan los casos. Desde 2016, hemos pedido a la Policía Judicial apoyo para la reconducción de los testigos para obligarlos a que asistan a las diligencias'.

Y concluyó el titular del ente acusador: 'Eso tiene que merecer la mayor condena penal'.