'Yo puedo meter a cualquier persona en un juzgado, sin necesidad de que el cargo exista'.
El explosivo testimonio hace parte de una indagación que la Fiscalía abrió por el presunto desfalco a la Administración de Justicia en el Atlántico, con el pago de nóminas alternas de servidores.
Las irregularidades fueron detectadas por funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) que, desde Bogotá, controlan y monitorean el programa con el cual se consignan a nivel nacional los salarios a los empleados.
El caso está soportado en el interrogatorio a una implicada, el cual conoció EL HERALDO, que dio pie a la apertura de las pesquisas por peculado por apropiación y falsedad en documento público, ambos delitos contra la Administración Pública.
Una propuesta
La confesión ante la Fiscalía deja entrever que el fraude podría alcanzar cifras escandalosas, aunque solo refiera el robo de unos $50 millones durante casi medio año.
En su declaración, la involucrada admitió que cometió las anomalías desde la oficina de recursos humanos de la Dirección seccional de Administración Judicial, en el edificio del Centro Cívico, en el centro de esta ciudad.
'En marzo del año 2014 recibí una propuesta de una persona ajena a la institución, se acercó diciéndome que era de su conocimiento que en esa oficina se les pagaba de más a las personas y no nos dábamos cuenta los empleados', explica al principio del interrogatorio.
La propuesta consistió en la inclusión de personas ajenas a la Judicatura en la nómina, lo cual se dio en abril.
'Me insistió como en dos ocasiones; al final, terminé aceptando: incluí a un amigo de él, un hermano; me puse en contacto con otra persona y me consiguió datos de unos amigos de él, haciendo la inclusión de dos personas más, en total fueron cuatro'.
Sin vacante
El desfalco que detalló la testigo duró cinco meses, hasta septiembre. Por cada falso empleado recibió $1 millón, mas dijo desconocer cómo los demás implicados se repartieron las ganancias que les correspondían.
Los cargos ilegales fueron creados con salarios de entre $2 millones y $2,5 millones: uno en la sala laboral en descongestión y uno en la secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla, uno en un juzgado penal del circuito en descongestión de Soledad y uno en otro despacho.
Lo anterior significa que el desangre a la Rama Judicial, entre abril y septiembre del año pasado, sumó al menos $48 millones.
Las trampas se realizaron a través de Kactus, el programa con el que el CSJ administra su base de datos de personal. En esta plataforma se pagan sueldos, crean hojas de vida y manejan procesos de reclutamiento, entre otros.
'El sistema de nómina permite incluir cargos, o sea, yo puedo meter a cualquier persona en un juzgado, sin necesidad de que el cargo exista, esté o no vacante', explicó.
La implicada aseguró que solo ella intervino en el robo desde la oficina de recursos humanos de la seccional de Administración Judicial.
Auditoría
La cifra de $48 millones para el fraude se queda corta porque, al igual que los funcionarios regulares, en diciembre los involucrados fueron liquidados y recibieron primas.
Las maniobras fraudulentas se confirmaron en una auditoría interna realizada en junio de este año, la cual se ordenó después de la alarma emitida desde Bogotá por funcionarios del
CSJ.
La revisión culminó entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, confirmó a este diario una fuente, que coincidió con lo dicho por la declarante.
'Estuvieron buscando las hojas de vida de estas personas y se dieron cuenta de que no estaban vinculados, llamaron a los despachos a confirmar esto y recibieron respuesta negativa', manifestó.
El director seccional de Administración Judicial, Carlos Guzmán Herrera, confirmó por teléfono la existencia de la indagación por el presunto desfalco y dio a conocer que la jefe de recursos humanos, Patricia Calderón, instauró la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía contra personas indeterminadas.
'Se detectaron irregularidades en el manejo del pago de nóminas, parece que se consignaron dineros a personas que no trabajaban en la Rama', declaró.
Ya hay una denuncia
Esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en la Judicatura, en Barranquilla.
En 2013, el Consejo Superior anunció una investigación por la manipulación del reparto de una tutela al Juzgado 22 Civil Municipal.
El recurso fue presentada contra la Superintendencia de Sociedades, en medio del litigio por la elección de miembros directivos de la Cámara de Comercio. Por esas pesquisas, sin embargo, no ha habido capturas hasta hoy.
