Los patrulleros Werlin Wilmar Escobar Carmona y Héctor Gustavo Niño denunciaron por segunda vez que son víctimas de 'persecución' dentro de la Policía, por haber liderado el 13 de mayo de 2012 el operativo en que el senador Eduardo Merlano Morales se negó a practicarse una prueba de alcoholemia.
A dos años y 10 meses, la realidad de los principales actores del escándalo es distinta: Merlano está inhabilitado hasta 2022 para ocupar cargos públicos por decisión de la Procuraduría, Escobar afronta una batalla jurídica para retirarse de la institución y Niño permanece en una clínica psiquiátrica.
'Nos han venido acosando: nos doblan los turnos, por cualquier cosa nos reportan informes ante los superiores y hay quienes dicen, al vernos: ahí viene la patrulla Merlano, grábenlos', contó ayer Escobar a las afueras de la clínica Resurgir, en el barrio Boston de Barranquilla.
Niño, de 27 años al igual que Escobar, está hospitalizado desde el 20 de febrero. Padece un 'cuadro clínico de ideas delirantes' y es un paciente 'ansioso, con temores de persecución, que dice que escucha voces, con juicio alterado', según la historia clínica.
'Él dice que lo peor que ha hecho en la Policía es haber cogido al senador Merlano; no duerme, no come, se mantiene pidiendo que cierren las puertas', aseguró su mamá María Teresa Niño, también frente a la clínica. La mujer viajó desde Bogotá a la capital del Atlántico para asistirlo.
PLEITO POR EL RETIRO. La otra cara de esta historia es Escobar, a quien la Policía Nacional le rechazó su solicitud de retiro. En una respuesta de fecha 9 de marzo de 2015, la dirección de Talento Humano le respondió que 'no es viable jurídicamente aceptar' su petición porque 'su manifestación no es libre y espontánea'.
En la misiva firmada por el capitán Pedro Lizarazo Rojas, jefe del grupo Reubicación Laboral Retiros Reintegros de la Policía, la posición se sustenta en un concepto del Consejo de Estado. 'Acerca de la renuncia al cargo por un servidor público, debe ser una expresión auténtica de la capacidad de decidir del dimitente (...), que esta debe ser exenta de cualquier tipo de presión, coacción, engaño o influjo'.
Según la Policía, la solicitud que Escobar hizo el 21 de febrero anterior 'no es libre y espontánea' porque, entre otros motivos, señala: 'no soporto más el maltrato por el cual he venido sometido, por parte de mi superior, capitán Mauricio Gómez Velandia'.
La Procuraduría devolvió en 2013 a la Policía una primera
queja de Escobar por presunto acoso laboral, pero no hubo conciliación y quedó en archivo. Julieth Molina Andrade, su esposa y abogada, indicó que se instauró otra el 16 de febrero ante el Ministerio Público y se espera que se asigne a un delegado.
También presentaron una tutela que fue asignada por reparto al despacho de Luis Colmenares Russo, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla. 'Está en trámite de admisión', indicó Molina.
La petición se centra en que, de no aceptársele el retiro, se le permita laborar 'como secretario en una embajada fuera del país permanentemente, por todo lo que está ocurriendo y motivando mi retiro de esta para poder proteger mi salud y mi vida'.
