El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado este domingo en la Asamblea Nacional, ha suscitado desde el principio los recelos y críticas de la disidencia y el activismo, que temen que asfixie la protesta social y el periodismo independiente.
El nuevo texto ha sido destacado por sus impulsores y defensores como 'moderno', 'educativo', 'garantista' y de afán actualizador, ya que el anterior -de 1987- no contemplaba cuestiones como los delitos medioambientales, la cibercriminalidad, la violencia de género y las tramas delictivas transnacionales.
Sus detractores, sin embargo, señalan que aumentan los tipos delictivos, en 37, y que se endurecen las penas (cuatro delitos más con pena de muerte; 10 más con prisión perpetua).
Destacan asimismo que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Denuncian en este sentido los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.
