La decisión del Tribunal Constitucional (TC) peruano de restituir el indulto al expresidente Alberto Fujimori no solo ha reabierto una herida en la sociedad, sino que ha generado numerosas preguntas en el país, que ahora se cuestiona si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) podrá revertir la medida y qué pasará con otros procesos abiertos al exmandatario.
Desde que irrumpió en política en 1990, Fujimori mantiene al Perú fracturado entre quienes ensalzan su figura, al considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico, y quienes remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.
Esa polarización se recrudeció esta semana luego de que el TC aceptara el hábeas corpus que solicitaba anular el fallo judicial que revocó el indulto humanitario concedido, con presuntos aires políticos, a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Con este último revés judicial, que encendió las alarmas de organismos globales, el exgobernante alcanzará la libertad tras haber cumplido 15 de los 25 años de condena que se le impuso por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo militar encubierto Colina.
