Compartir:

Con la promesa del 'diálogo' frente a la 'discordia' y la fragmentación, el socialista Pedro Sánchez defendió ayer su flamante gobierno de coalición con la izquierda radical de Podemos, un experimento novedoso en la España moderna y que deberá lidiar con desafíos como el Brexit o el separatismo catalán.

El presidente Sánchez comunicó la lista de sus ministros al rey Felipe VI, tras lo que presentó a su nuevo gabinete afirmando que, pese a los diferentes perfiles, caminará unido.

'Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad', aseveró en una breve declaración institucional.

Los ministros asumirán sus carteras hoy, mañana y celebrarán su consejo inaugural. Será el primer gabinete de coalición en España en más de 80 años, y el primero en estas cuatro décadas de democracia.

Cuenta con cuatro vicepresidencias, entre ellas la de Derechos Sociales, desempeñada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y 18 ministerios. En total, 12 hombres y 11 mujeres para un ejecutivo comprometido con 'la plena igualdad de la mujer', dijo el presidente.

La izquierda radical contará con un total de cinco miembros, y además de una de las vicepresidencias, tendrá las carteras de Trabajo, Consumo, Igualdad y Universidades.

En una coalición no exenta de recelos -PSOE y Podemos compiten por el mismo espacio electoral-, Sánchez se reservó para sus fieles los puestos clave, como Interior, Hacienda, Defensa o Transportes.

Contrastando con los perfiles más marcados de Podemos (los comunistas Alberto Garzón en Consumo y Yolanda Díaz en Trabajo), Sánchez optó por sendos defensores de la ortodoxia fiscal en Economía (Nadia Calviño, también vicepresidenta) y Seguridad Social (José Luis Escrivá, previamente promovido por el anterior gobierno conservador del Partido Popular).

Respondiendo a las inquietudes de la patronal, los socios de gobierno prometen disciplina en las cuentas públicas.

Eso sí, quieren marcar terreno con una serie de medidas estrella: nuevo aumento del salario mínimo (ya incrementado en un 22% en 2019), mayor presión fiscal a los más ricos, freno a 'las subidas abusivas del alquiler', y derogación parcial de un reforma laboral de 2012 que permite a las empresas despedir a trabajadores de baja por enfermedad, o modificar los contratos unilateralmente.

Sánchez nombró en puestos clave, como Interior, Hacienda, Defensa o Transportes, a sus fieles.