Con barricadas incendiarias en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha por una céntrica avenida capitalina se vivía este martes un llamado a paro general en Chile, convocado por un centenar de organizaciones sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera para que profundice en las reformas sociales.
El peso chileno se desplomó y alcanzó su valor mínimo histórico, de 800 unidades por dólar, en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
Las fogatas impidieron a primera hora el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago y una gran marcha convocó a decenas de miles de personas por la céntrica avenida Alameda, cubierta en ambas calzadas por manifestantes que exigían la renuncia del mandatario derechista.
Con bombos, banderas chilenas y de las asociaciones gremiales que adhirieron a la protesta -principalmente entidades públicas- los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas, para luego marchar varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pasando frente a la casa de gobierno.
El transporte público operaba con relativa normalidad, tanto en el tránsito de autobuses como en el metro, al igual que el aeropuerto de Santiago.
También hubo protestas en otras ciudades de Chile como Arica, Antofagasta, Concepción, Rancagua y Valparaíso; esta última alberga al congreso nacional, que tuvo que suspender actividades.
El llamado a huelga general se produce a más de tres semanas de que estallaran las primeras protestas sociales, con ataques a la mitad de las estaciones del metro de Santiago, saqueos a tiendas y supermercados, y masivas manifestaciones callejeras.
La huelga fue convocada por la llamada 'Mesa Social', que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado, pero la empresa estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, operaba con normalidad. Chile es el principal productor mundial de cobre con casi un tercio de la oferta global, equivalente a unos 5,6 millones de toneladas producidas al año.
Las escuelas públicas adhirieron a la paralización y gran parte de los privados también, algunos por razones de seguridad. La mayoría de las universidades no tiene actividades desde que estallaron las movilizaciones.
En los sectores privados, los llamados de la Central Unitaria de Trabajadores -la mayor multisindical del país- tienen un escaso apoyo, en un país con bajo nivel de sindicalización.
Giro presidencial
La pulseada llega en momentos que el presidente Piñera dio un giro al anunciar el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque no con una Asamblea Constituyente –como se pide en las calles– sino a partir de un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se reunió con los expresidente Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) y habló por teléfono con la exmandataria socialista Michelle Bachelet, actual alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales, y cerró un acuerdo para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones –heredado también de la dictadura- y que entrega pensiones bajas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo (420 dólares). También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena, y aumentar el salario mínimo.
Tras casi cuatro semanas de manifestaciones, el golpe a la economía ha sido fuerte, afectando especialmente al comercio y al turismo.
La Cámara de Comercio de Santiago estimó que desde el estallido social las ventas han caído en promedio un 50%. Tras la cancelación de dos reuniones internacionales (Apec y la COP-25), además de la final a partido único de la Copa Libertadores, el sector del turismo acusaba igualmente pérdidas millonarias .
El gobierno ya estimó para octubre una caída del PIB de hasta 0,5%.
