El gobierno de Ecuador no contratará a Odebrecht hasta que esa empresa brasileña repare los daños causados por la entrega de sobornos a cambio de contratos en el país, dijo este jueves el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.
'Mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano', expresó Moreno en una cadena nacional de televisión.
Agregó que su gobierno 'ha demandado a la empresa Odebrecht la plena reparación de todos los daños que causaron sus actos de corrupción', que llevaron a la cárcel a Jorge Glas -exvicepresidente del gobierno de Rafael Correa (2013-2017) y del actual de Moreno- quien cumple desde 2017 una pena de seis años de cárcel por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares de la constructora.
La Procuraduría General, la secretaría Anticorrupción y la Fiscalía de Ecuador negocian con la firma brasileña un mecanismo de reparación al país. Sin embargo, aún no han dado a conocer el monto de la afectación ni los plazos para resarcir al Estado.
Luego de que se conociera la trama de coimas entregadas por Odebrecht a funcionarios ecuatorianos, entre ellos exministros y un excontralor, la firma perdió el contrato que tenía con el municipio de Quito para la construcción de una línea del metro de la ciudad.
Moreno también le exigió a los funcionarios de la empresa 'que colaboren con la justicia, que contribuyan para llegar a la verdad, a recuperar el dinero de los ecuatorianos, que pidan disculpas'.
Odebrecht está implicada en Ecuador en un nuevo escándalo de corrupción por la supuesta entrega de dinero para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016, cuando gobernó Correa.
El expresidente (2007-2017), que vive en Bélgica y es considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana, enfrenta por este caso su segunda orden de prisión. La primera fue dictada por el presunto secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
El denominado caso 'sobornos 2012-2016' también salpica a Glas, una exministra de Transporte y Obras Públicas y un exsecretario jurídico de la presidencia. Los involucrados son investigados por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, y enfrentan una pena de hasta 15 años de cárcel.
Correa sostiene que las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas un cuaderno de una exasesora del exmandatario con anotaciones sobre la entrega de dinero por parte de empresas privadas, son 'patrañas' y un 'fraude procesal'.
'En mi vida he recibido, solicitado o siquiera permitido algún soborno', se defendió el exgobernante en un video difundido en su cuenta de Twitter.
