Un tribunal peruano ordenó prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra internado en una clínica por una dolencia cardíaca, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos en un caso del escándalo Odebrecht, informó el Poder Judicial.
'Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios ordena 36 meses de prisión preventiva para expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal', señaló el Poder Judicial en su cuenta de la red Twitter.
El magistrado Jorge Chávez Tamariz argumentó que 'existen elementos de convicción para vincular a Pedro Pablo Kuczynski con el delito de lavado de activos',
Por su parte, en el caso de Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola, secretaria y chofer del exmandatario respectivamente, el magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva por 36 meses y ordenó que ambos cumplan comparecencia restringida.
El pedido de prisión preventiva contra Kuczynski fue sustentado por el fiscal José Domingo Pérez, quien, tras evaluar el informe médico del exjefe de Estado, señaló que no se cambiará la solicitud formulada inicialmente por la de una arresto domiciliario.
Kuczynski, de 80 años, será informado de la decisión del juez en la clínica limeña donde fue internado, tras ser sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión.
No están de acuerdo
César Nakazaki, abogado de Kuczynski, informó que apelará la decisión del magistrado Jorge Chávez Tamariz porque la 'considera injusta con una persona que se encuentra delicada de salud'.
El Ministerio Público (fiscalía) investiga a Kuczynski, a Kisic y Bernaola por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.
El exitoso exbanquero de Wall Street es investigado por pagos de la constructora brasileña Odebrecht a dos empresas ligadas a él cuando Kuczynski se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Odebrecht reveló a fines de 2017 que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a las firmas First Capital y a Westfield Capital. El expresidente negaba hasta ese momento todo vínculo con el grupo brasileño.
