Decenas de miles de personas se manifestaron en el tercer día de una masiva protesta en España contra la sentencia que exculpó de violación a cinco hombres que abusaron sexualmente de una muchacha, e incluso unas monjas de clausura se sumaron a las críticas.
El grito '¡No es abuso, es violación!', volvió a resonar en Pamplona, en el norte del país, como cada día desde que se anunció allí la sentencia.
Convocadas por el Movimiento Feminista, 'entre 32.000 y 35.000 personas participaron en esta marcha, muy tranquila, pero muy reivindicativa', informó a la AFP un portavoz de la policía municipal.
Cinco sevillanos de entre 27 y 29 años, que se autodenominaban ‘La Manada’, fueron condenados el jueves a nueve años de prisión por 'abuso sexual' en grupo de una madrileña de 18 años en la entrada de un inmueble durante las fiestas de San Fermín de 2016.
Después la dejaron allí medio desnuda, tras tomarse el tiempo de robarle el teléfono móvil. Ellos mismos grabaron los hechos en unos videos que compartieron jactándose con sus amigos y se convirtieron en una pieza clave del proceso.
Sin embargo, durante el juicio la joven tuvo que justificarse por haber mantenido una actitud pasiva ante ellos. La defensa de los cinco hombres afirmaba que la víctima -que había bebido sangría- consintió a los actos porque en las imágenes no parecía decir 'no'.
Finalmente, los jueces descartaron la violación, para la que el Código Penal español considera que debe haber 'intimidación' y 'violencia'.
El malestar es tan grande que el gobierno del conservador Mariano Rajoy anunció que estudiará una eventual reforma del Código Penal para los delitos de índole sexual.
Petición masiva contra los jueces
Sin embargo, la protesta no se calmó y muchos españoles están indignados porque uno de los tres jueces se pronunció a favor de absolver a los cinco hombres.
Personalidades muy variadas participaron del debate, como la poderosa dirigente del Banco Santander, Ana Botín, que declaró en Twitter que el veredicto 'es un retroceso para la seguridad de las mujeres'.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (exjuez), también consideró que 'esta sentencia no responde a las exigencias de justicia de las mujeres y espero que sea revocada por el Tribunal Supremo'.
En un hecho poco habitual, más de 1,2 millones de personas firmaron en dos días una petición dirigida al Tribunal Supremo para reclamar la inhabilitación de los jueces del caso.
La Asociación de Fiscales, lamentó 'la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos'.
'Baluarte para la protección'
El tribunal ha valorado minuciosamente [...] todos los elementos de prueba aportados', defendió el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Aunque admite que cualquier decisión judicial puede ser criticada, Lesmes lamentó las 'descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas' y concluyó que 'los jueces y magistrados [son] el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas'.
