Sindicatos que agrupan a maestros y empleados estatales anunciaron este viernes sendas huelgas nacionales para el lunes y martes próximo en Argentina, lo que dejará a millones de niños sin clases en el inicio del año escolar.
Los maestros rechazan el ajuste salarial anual del 15% en tres tramos propuesto por el gobierno de Mauricio Macri, que busca alinear los incrementos con su estimación de inflación para 2018 para no acentuar el aumento del costo de vida que llegó a 24,8% en 2017 y fue de 1,8% en enero.
Los sindicatos aspiran a obtener un ajuste que compense la pérdida de poder adquisitivo del salario e incluya la llamada 'cláusula gatillo' de actualización si la inflación se dispara por encima del estimado oficial. El gobierno lo rechaza.
Los empleados estatales convocaron la huelga nacional en apoyo a los maestros y para reclamar al gobierno el cese de los despidos que aseguran llegan a miles en distintos organismos del Estado.
Unos y otros confluirán el lunes en una manifestación de protesta frente al ministerio de Educación.
'Estamos atravesando los momentos más tremendos de nuestras vidas. Ayer (jueves) en el Ministerio de Economía han despedido a centenares de trabajadores. Ya son más de 3.000 los despedidos y despedidas del Estado Nacional', afirmó Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, al anunciar la medida de fuerza.
El lunes en la apertura de sesiones ordinarias legislativas el presidente Macri omitió referirse a las medidas que instrumentará este año para combatir la inflación, talón de Aquiles de su administración.
Tampoco mencionó el conflicto con los docentes, pero abogó por mejorar la calidad educativa.
'No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias' (negociaciones anuales de salarios), dijo.
El año pasado las discusiones salariales entre el gobierno y los docentes desencadenaron huelgas y protestas que demoraron por meses el inicio del ciclo escolar en varios distritos del país.
Además, detalló cómo es el protocolo de seguridad de estas pruebas que se vienen aplicando desde hace 20 años: los docentes de la Universidad Nacional constantemente construyen preguntas para construir un gran banco de preguntas -pero los docentes tampoco saben cuáles ni cuándo van a salir, en teoría casi nadie conoce la pruebas-, y de ahí, tras una revisión de consistencia, sale el cuestionario, que una vez ensamblado va a la empresa de seguridad, que para el caso de Atlántico es Thomas, donde hacen la impresión, y en un carro de valores lo llevan y entregan las pruebas a los delegados de la UN.
Una vez llega el material la aplicación de la prueba es responsabilidad de la UA, que nombra sus delegados, define espacios y aplica el examen. Pero los delegados de la UN, que solo acompañan, reciben el material la empresa de seguridad, revisan los sellos de seguridad, los exámenes que deben ir en bolsas de seguridad, los números de paquetes por salones en su bolsa de seguridad, se cuentan y se hace entrega a la UA para que haga su prueba.
Al finalizar la prueba, los delegados de la UA hacen entrega a los de la UN, se contabilizan, se vuelven a guardar en bolsas de seguridad, se le entrega la custodia a la empresa de seguridad y ellos los llevan hasta la sede central de la UN para la lectura y calificación.
