Estados Unidos anunció hoy la imposición de sanciones a siete altos funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro vinculados con las violaciones de derechos humanos en Venezuela y los abusos cometidos en las protestas antigubernamentales de 2014.
Los siete sancionados, a los que el Gobierno estadounidense congeló sus bienes y prohibió la entrada al país, son los siguientes:
Antonio José Benavides Torres, comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.
La Casa Blanca señala que la GNB es una entidad cuyos miembros se han involucrado en actos significativos de violencia o conductas que 'constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos' y, en particular, menciona las 'violencia física severa' que emplearon en las protestas antigubernamentales de febrero de 2014.
Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), al que Estados Unidos acusa de haber participado de forma directa o indirecta en actos represivos que constituyen un 'abuso serio' o violación de los derechos humanos.
La Casa Blanca señala que, bajo su dirección, el SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales.
Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad estatal, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entidad a la que Estados Unidos acusa de cometer abusos durante las protestas del pasado año.
Katherine Nayarith Haringhton Padron, fiscal de nivel nacional de la 20 oficina de distrito del ministro público de Venezuela.
La fiscal ha acusado a varios miembros de la oposición, incluida la exlegisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, del delito de conspiración para dar un golpe de Estado basándose en 'correos electrónicos fraudulentos'.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, cuyos efectivos utilizaron 'fuerza física severa' y dispararon munición real contra los manifestantes que participaron en las protestas el pasado año contra el Gobierno de Nicolás Maduro, actos que, según Estados Unidos, 'constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos'.
Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31 Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, del que estaba al mando cuando el 12 de febrero de 2014 miembros de este cuerpo dispararon contra los manifestantes en las protestas y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.
Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y excomandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.
Está acusado de ser responsable o cómplice de participar directa o indirectamente en actos de violencia que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos los ocurridos contra los manifestantes de las marchas de 2014.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hoy que 'pronto' responderá a la orden impartida por el presidente de EE.UU., Barack Obama, de aplicar y ampliar las sanciones aprobadas recientemente por su Gobierno contra Venezuela.
'Nosotros no queremos mezclar las políticas internacionales y pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela sobre el alcance de estas declaraciones', dijo Rodríguez en una rueda de prensa convocada para abordar otros asuntos internacionales. EFE
