A punto de cumplirse un mes de la aún inexplicada muerte del fiscal Alberto Nisman, una petición de imputación por encubrimiento a terroristas ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Cristina Fernández, en una Argentina cada vez más dividida que ha iniciado conmocionada un 2015 electoral.
Aunque la imputación solicitada el viernes pasado por el fiscal Gerardo Pollicita contra la mandataria, el canciller Héctor Timerman y varios colaboradores por supuesto encubrimiento a terroristas no implica que el juez de la causa, Daniel Rafecas, vaya a tomar medidas que anticipen un proceso judicial, el gesto supone un tremendo golpe simbólico para el Ejecutivo.
Pollicita siguió el camino marcado por el fallecido Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA y que cuatro días antes de morir denunció a Fernández por considerarla como la principal responsable de un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del ataque que dejó 85 muertos en 1994 a cambio de intensificar relaciones comerciales con Irán.
'La imputación no implica anticipar condena o prejuzgamiento, pero significa que la Justicia entiende que hay elementos suficientes para investigar a las personas acusadas en la denuncia de Nisman', dijo a Efe el director de la consultora Nueva Mayoría, Rosendo Fraga.
Fernández está protegida por fueros que impiden su detención pero no su procesamiento y en caso de ser citada a declarar puede hacerlo por escrito, aunque desde el Gobierno insisten en que no hay pruebas que sustenten las acusaciones y, por tanto, no puede ser llamada a indagatoria.
Al contrario de lo que ocurrió tras la muerte de Nisman -cuando optó por no comparecer en público hasta pasada una semana-, la presidenta mantuvo su agenda oficial y encabezó dos actos en el sur del país durante el fin de semana.
Sin embargo, en sus discursos no hubo ningún tipo de referencia a la petición de imputación ni al caso Nisman.
'Estamos tercamente empecinados en brindar alegría', sostuvo Fernández durante su primera comparecencia pública, en la sureña localidad de El Calafate (provincia de Santa Cruz), tras la presentación de Pollicita, donde buscó dar una imagen despreocupada.
'Se siguen asombrando cómo aguanto todo lo que tengo que aguantar (...) aprendí acá, en la Patagonia, con el viento, con el frío, con la nieve, con el olvido', dijo durante el segundo acto del fin de semana, en el que se emocionó al defender sus convicciones y principios de Gobierno.
Sin embargo, la polarización aumenta en todos los sectores de la sociedad argentina, que aún no se ha recuperado de la conmoción que supuso la muerte de Nisman.
La división se deja notar incluso en el propio Poder Judicial, escindido entre los jueces y fiscales a quienes desde el Ejecutivo se acusa de golpismo y los que han opinado públicamente que no hay pruebas para sustentar las acusaciones de Nisman.
Entre los primeros, el oficialismo cuenta también a los que tienen en sus manos otras causas contra altos cargos del Gobierno como el vicepresidente Amado Boudou, con dos procesos por corrupción y falsificación de documentos, o la que investiga irregularidades en una empresa hotelera participada por Fernández.
La ruptura quedará escenificada el próximo miércoles en una marcha silenciosa convocada por fiscales en homenaje a Nisman, al cumplirse un mes de su muerte, criticada duramente desde el Gobierno.
Una marcha a la que se sumarán los principales precandidatos presidenciales opositores y que contará también con el apoyo de distintas organizaciones sociales, como la comunidad judía.
El caso Nisman ha intensificado además la brecha entre el gobernante Frente Para la Victoria (FpV) y los partidos de la oposición, en un año electoral de resultados imprevisibles.
En un gesto de unidad poco frecuente, los principales bloques opositores se juntaron el pasado jueves en una audiencia pública para reclamar la verdad sobre la muerte del fiscal y exigir garantías de independencia para que el Poder Judicial investigue la denuncia de Nisman contra Fernández.
La reunión se convocó en paralelo a la sesión del Senado en la que el oficialismo votó en solitario su última gran iniciativa legislativa, la reforma de la Secretaría de Inteligencia, en cuyo debate la oposición se ha negado a participar. EFE
