El prelado italiano Nunzio Scarano, arrestado en junio por un delito de lavado de dinero, volvió ayer a recibir una nueva orden de detención domiciliaria por más cargos, siempre en relación con las irregularidades cometidas en la gestión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano.
Junto con Scarano, exresponsable del servicio de contabilidad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), también fue detenido un párroco de Salerno, Luigi Noli, y se ha ordenado que se prohíba el ejercicio de su actividad a un notario también implicado.
Además la Guardia de Finanzas ha procedido a confiscar algunos bienes inmuebles y cuentas corrientes, por cerca de seis millones de euros en bancos italianos.
Aunque fuentes judiciales puntualizaron que en el caso de la orden de confiscación de las cuentas corrientes del banco vaticano se ha emitido una carta rogatoria, ya que se trata de otro Estado, y que se espera aún la respuesta de la Santa Sede al respecto.
Según las investigaciones, Scarano se ocupaba de una amplia red de blanqueo de dinero que hacía pasar por falsas donaciones para los pobres y que acababan en las cuentas del banco vaticano.
Las pesquisas han comprobado que la red de Scarano se ocupaba de entregar a las personas que querían blanquear capitales unos sobres con dinero sacado de cuentas del IOR, y estos después devolvían la misma cantidad en donaciones para los pobres.
El pasado junio, Scarano fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario junto con el exagente de los servicios secretos internos italianos (AISI) Giovanni Maria Zito y Giovanni Carenzio, un intermediario financiero cuya actividad tiene sede en las islas Canarias.
A todos ellos se les acusaba de la entrada ilegal en Italia de 20 millones de euros procedentes de Suiza, una operación que supuestamente el prelado pudo llevar a cabo de acuerdo con el exagente.
