No deja de sorprender lo que está sucediendo en La Guajira. El lamentable cuadro que se ha configurado reclama acciones urgentes de la sociedad civil en su conjunto, porque a pesar de todas las alertas, las intervenciones, las medidas cautelares y la lupa que se le ha puesto a la situación desde distintos estamentos, continúan surgiendo amplias evidencias de lo resistente que es el círculo vicioso corrupción-tragedia, y lo arraigado que está.
No es difícil vislumbrar una correlación entre los dos caudales de noticias que, paralelamente, llegan desde la península. Por un lado, el drama social cobra las vidas de niños wayuu. Van 64 muertos por desnutrición este año. Por el otro, el gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, saca a la luz sendos casos de detrimentos patrimoniales y malversación de recursos en proyectos públicos, por los que se vuelve blanco de amenazas y una cruda arremetida política.
En medio de todo, los primeros resultados de una gran actuación que realiza la Fiscalía General de la Nación en el departamento no pueden dejar de interpretarse como un paso en la dirección correcta.
La Fiscalía capturó 20 personas; imputó en total a 41 y acusará a 11 más. En lo que ha denominado la operación ‘Bolsillos de cristal’, identificó irregularidades en contratación de programas de educación, salud, alimentación infantil y saneamiento básico, que comprometen a funcionarios públicos, contratistas y privados. Incluso resulta implicado el exalcalde de Riohacha y un exgobernador. “Estamos en presencia de un fenómeno de corrupción sistémico”, sentenció el fiscal, Néstor Humberto Martínez.
Es doloroso constatar que la plata para colegios, para acueductos, para alimentos de calidad, termina en los bolsillos de unos pocos, para perjuicio de muchos. Es al mismo tiempo una vergüenza que no se puede repetir.
Hay que arropar a La Guajira. No se le puede estigmatizar. La Guajira merece un mejor destino, y es responsabilidad de todos trabajar para que corrija el rumbo. La riqueza cultural de su gente es uno de los mayores baluartes de la Región Caribe colombiana. Y por su geografía y sus yacimientos de recursos naturales, está llamada a ocupar un lugar privilegiado en el escenario económico transnacional.
Por eso es crucial identificar a los responsables y que no haya impunidad. A cada corrupto se le puede señalar directamente como cómplice de la tragedia social. No es exagerado considerar que sobre sus hombros, o sus bolsillos más bien, pesan las muertes de niños wayuu.
Si bien lo presentado ayer por el fiscal son los “primeros resultados” de un plan puesto en marcha en el departamento, el problema que está tratando no es nada nuevo. Como antecedente hay un largo expediente de irregularidades en manejo de regalías y fraudes en contrataciones, que ha implicado cárcel para varios funcionarios. Ojalá la determinación mostrada en el nuevo plan permita romper el triste ciclo de una vez por todas.
Es importante profundizar en la tarea de extirpar el problema a fondo. Para esto es necesaria una actuación articulada. Pero, ante todo, el concurso de la misma población. Es hora de tomar las riendas de su destino y cambiar el cruel panorama al que intentan condenarla algunos.
Asolada por una secuencia de malas gestiones, es momento de que la gente buena de La Guajira, que son muchos más, conduzca a su tierra por el camino que merece.
