Por todos los medios de difusión y diálogo, y en el terreno político, desde el Concejo hasta la plenaria del Senado, se escucha el clamor por la seguridad ciudadana en Cartagena.
Un tiroteo en Bocagrande, cuando intentaron secuestrar la semana pasada a un individuo que tiene casa por cárcel, y el asesinato del exbeisbolista Napoleón Perea tras robarle el celular, dispararon las alertas. Pero el debate ya tiene sus días recorridos por la creciente percepción de que el problema se viene agravando.
En el contexto están los preparativos para la firma del Acuerdo Final de La Habana, el lunes 26 de septiembre; está en marcha un completo dipositivo para garantizar que la ciudad albergará el acontecimiento con todas las medidas necesarias para que se desarrolle en tranquilidad, sin contratiempos. La ciudad ha sido escenario de muchos eventos de primer orden internacional, y nunca ha dejado de estar a la altura. Pero más allá de la experiencia logística que acumula y su innegable capacidad, lo cierto es que encarna hoy varios de los retos que se dispone a abordar el país ante un escenario de posconflicto, en el que la seguridad urbana salta al frente de las prioridades.
El alcalde Manolo Duque dijo, al final de una sesión de seguridad el lunes, que los presidentes Maduro y Raúl Castro no tienen problemas en Cartagena, pero que el pueblo sí. Hizo referencia, en particular, a que al menos 20 capos de las bandas delincuenciales viven en edificios de lujo con domicilio por cárcel. Son en total 1.212 personas con detención domiciliaria por decisión judicial en la Ciudad Heroica, cuyo hacinamiento carcelario se refleja en que la cárcel Ternera, con 800 cupos, tiene 2.200 internos.
El Inpec solo dispone de tres funcionarios para vigilar a ese universo bajo su cuidado, lo cual no es razonable si se tiene en cuenta las limitaciones que también tiene en vehículos y otras herramientas. Por tratarse de una competencia exclusiva, no hay participación de la Policía Nacional. Las circunstancias extienden la sensación de impotencia ante la impunidad. Mucho más grave si no existe un sistema de comunicaciones eficiente entre organismos de seguridad. En los reparos ciudadanos están lo tardío de las medidas puestas en marcha, como la restricción para parrilleros en determinados barrios.
Cartagena, con sus altas brechas sociales e informalidad, no ha tenido además estabilidad política recientemente y eso ha impactado la continuidad de sus políticas públicas.
Se justifica, en consecuencia, una gestión más decidida, con recursos adecuados, del nivel nacional, toda vez que el Departamento tiene que concentrar su atención en los municipios, algunos de ellos olvidados en la periferia del desarrollo. Se requiere de firmeza frente al crimen organizado, pero más de acciones integradas de desarrollo que atiendan problemas de jóvenes, desempleados angustiados y demás factores de delincuencia ocasional. En fin, variadas acciones. Jamás indiferencia frente al clamor, hoy menos que nunca.
