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Un informe del Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) da cuenta de que 7.832 chicas menores de 19 fueron madres en el Atlántico en 2015, de las cuales 312 contaban entre 10 y 14 años.

Los datos que arrojan los municipios de Soledad, Malambo, Sabanalarga, Baranoa y Santa Lucía son especialmente preocupantes. Y que en el primer trimestre de 2016 se hayan registrado 1.797 casos de embarazos en menores de 19 años –de los cuales 65 son menores de 14– revela que la tendencia es al alza, a contracorriente de otros países.

El embarazo precoz constituye uno de los problemas sociales que más afectan a las familias, a los jóvenes directamente involucrados y, desde luego, a los hijos, por numerosos motivos que se desprenden de la inmadurez de las progenitoras.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNEPA), la maternidad en niñez se genera por las características individuales y los entornos familiar, escolar, comunitario y nacional, y se asocia con variables como la desigualdad de género, la debilidad en materia de derechos humanos, la pobreza, la violencia y abuso sexual, la falta de una educación sexual adecuada o la falta de acceso a servicios de salud reproductiva.

De manera que, por su carácter multicausal, exige la implementación de acciones multidimensionales encaminadas a su prevención y atención.

Según el Dane, entre el 2008 y 2014 nacieron en Colombia 4,7 millones de niños y niñas, de los cuales el 23,4% fueron hijos de madres con edades entre los 10 y los 19 años. Un 4,1% de esas nuevas mamás eran niñas entre 10 y 14 años.

Por otra parte, un sondeo del ICBF de 2014 reveló que, en general, los adolescentes desarrollan una vida sexual más activa que sus pares de generaciones anteriores, conocen los métodos anticonceptivos y hablan con sus familiares sobre sexualidad. Sin embargo, un 43% sostuvo que no conoce dónde buscar apoyo o ayuda en los casos en que una adolescente quede embarazada.

Estamos, en el caso de estos embarazos, ante un problema social, por los ya demostrados efectos negativos que esta situación suele tener en el bienestar de la madre y su hijo.

Una madre adolescente tiene muchas más probabilidades de perder oportunidades en la vida, ya sea para proseguir su proceso formativo o encontrar más adelante un trabajo que le permita llevar una vida digna.

Las instituciones del Estado deben abordar con urgencia este fenómeno que crece sin parar. Hace falta desarrollar políticas públicas de manera más activa y eficaz, de las cuales la más importante, fuera de toda duda, es redoblar los esfuerzos pedagógicos para que las niñas se libren de una maternidad indeseada que luego les impida su realización plena como mujeres.