El asesinato de al menos once personas vinculadas con conflictos por tierras en Barranquilla y zonas próximas indica que estamos frente a una situación gravemente perturbadora del orden social.
Los hechos, divulgados por EL HERALDO en su edición del pasado domingo, se producen en un contexto de apreciación de la tierra por la expansión industrial, comercial y de vivienda en Barranquilla y su Área Metropolitana, y de atraso en la titulación de las propiedades. A ello se suma, según la Gobernación, la debilidad para investigar y castigar a estructuras criminales. Todo ello ha convertido el negocio de tierras en un nuevo y jugoso filón de la actividad delictiva.
“El sistema (punitivo) es débil frente a la fuerza de los negocios ilícitos y de las bandas”, afirmó el secretario departamental del Interior, Guillermo Polo, quien viene abordando desde hace nueve años el problema de seguridad en el Área Metropolitana.
De acuerdo con el informe de este diario, las invasiones se suelen producir en terrenos donde se anuncian programas para el uso de las tierras y mediante falsedades en la escrituración de la propiedad en cuestión.
En Barranquilla se reconocen, de acuerdo con fuentes oficiales, ‘profesionales’ tanto de la ocupación física de los predios como de la falsificación de los documentos de titulación. Existen procesos en todos los niveles administrativos y judiciales en los que concurren el problema de tierras y su posesión ilegítima, quejas disciplinarias contra inspectores, denuncias penales contra jueces y magistrados, en fin, todo un mundillo pestilente en el que se asienta este negocio criminal.
Resulta imperioso que las autoridades competentes pongan coto a esta espiral delictiva. Estamos hablando no solo de asesinatos, lo que reviste en sí mismo enorme gravedad. También estaríamos en presencia de conductas venales de funcionarios que pervierten el derecho constitucional a la propiedad.
Tienen que cambiar con urgencia las cosas, antes de que este problema se siga extendiendo y se escape de las manos de las autoridades. Barranquilla se encuentra en un momento importante de expansión económica en la que resulta de suma trascendencia transmitir una imagen de ciudad segura en la que el derecho a la propiedad se encuentre debidamente salvaguardado.
No queremos, por supuesto, ser alarmistas. Seguramente estamos aún ante casos aislados de grupos de facinerosos que pescan en el río revuelto de la expansión de la ciudad. Pero hay que estar bien vigilantes ante esta modalidad criminal y actuar con contundencia ante los casos que se vayan presentando.
Las mafias de ocupaciones ilegales deben recibir el mensaje categórico de que no se saldrán con la suya con trampas y subterfugios. Para ello resulta necesario no solo que que la Policía actúe con la máxima agilidad. También es fundamental que los tribunales tramiten los expedientes con celeridad, para evitar que los casos de ocupación ilegal se enquisten y acaben enredados en laberintos procesales, a semejanza de lo que narraba el gran Dickens en su novela ‘Casa desolada’.
