La respuesta de las directivas del instituto ante denuncias ciudadanas y sindicales no son suficientes para dar por cerrado un problema de enorme impacto social.
Entes de control insisten en riesgos de que el país se quede sin quién expida el documento, mientras al encargado del tema se le ve atareado en otros menesteres.
El proyecto de ley de la paz total causa rechazo por los beneficios, contrarios al ordenamiento jurídico nacional e internacional, que otorgaría a victimarios.
Las conflagraciones, que en apenas 10 días suman cinco fallecidos en Barranquilla, demandan investigaciones metódicas y revisiones en protocolos de prevención.