La Procuraduría General de la Nación decidió vincular a dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta por la firma de un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLC.
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La medida, adoptada el pasado 9 de septiembre, se suma a las actuaciones que ya venían en curso contra otros directivos y funcionarios de la petrolera, en un caso que ha generado cuestionamientos internos y externos sobre el manejo de recursos de la compañía estatal.
El contrato inicial, revelado por el periódico ‘El Tiempo’ en mayo de este año, fue aprobado para evaluar los efectos de investigaciones en Estados Unidos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. El valor pactado pasó de 875.000 dólares a 5,8 millones, tras ampliarse los temas a revisar.
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La firma del acuerdo estuvo vinculada a la compra del apartamento 901 por parte de Roa, quien negoció la propiedad antes de llegar a la empresa con una firma ligada al inversionista en petróleo y gas Serafino Iacono. Durante las indagaciones aparecieron además los nombres del expolicía Juan Guillermo Mancera y de Julián Caicedo, pareja de Roa.
Decisión de la Procuraduría
Inicialmente, la Procuraduría vinculó a la investigación al oficial de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara Monterrosa; a Felipe Rivera, vicepresidente de ciencia y tecnología; y a Ludwig Wilson Mejía, de la gerencia de abastecimiento.
Ahora, el organismo de control extendió el proceso a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, quienes hacían parte de la junta directiva en la época de los hechos.
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En la decisión se ordena notificar personalmente a los investigados, se precisa que no procede recurso alguno y se les garantiza el derecho a designar un abogado defensor, según lo establece el Código General Disciplinario.
Los argumentos del ente de control
Aunque ambos miembros de junta ya habían rendido declaración, la Procuraduría determinó que existían suficientes elementos probatorios para vincularlos de manera formal.
El organismo consideró necesario indagar si incurrieron en posibles irregularidades al suspender el contrato en febrero de 2025. También señaló que, como integrantes de la Comisión Especial, tenían la responsabilidad de supervisar las actividades del estudio jurídico y participar en las discusiones estratégicas sobre su ejecución, incluyendo el contrato inicial del 29 de agosto de 2024 y su otrosí del 31 de diciembre del mismo año.
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El oficial de cumplimiento, Alberto Vergara, ha sostenido que no se actuó de manera oculta: “Me atengo a lo que dice la Junta Directiva cuando dice que, a través de los procesos y con pleno cumplimiento de las garantías, se dará respuesta detallada a cada una de esas inquietudes. Estoy absolutamente tranquilo”, expresó en su momento.
Las investigaciones también abarcan la compra de Termorichal I y II a William Vélez, exjefe de Roa y de su pareja, y el interés en el pozo Sinú-9.
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En paralelo, la Fiscalía adelanta pesquisas relacionadas con la adquisición del apartamento 901, así como con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026), donde se indagan posibles violaciones a topes electorales y un anónimo sobre supuestos sobornos y contratos a empresas ligadas al expolicía Mancera, hechos que han sido negados por los señalados.
