La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) expresó su preocupación y rechazo frente a las recientes declaraciones que pretenden presentar a la industria legal de juegos de suerte y azar como beneficiaria de supuestos privilegios o subvenciones fiscales.
Según el presidente de Fecoljuegos, Evert Montero, estas afirmaciones carecen de fundamento técnico y desconocen la realidad económica y tributaria de un sector que opera bajo una de las estructuras fiscales más exigentes del país.
“No resulta constructivo que, desde escenarios oficiales, se presenten argumentos que distorsionan los hechos y generan estigmatización sobre una industria formal, regulada y comprometida con el bienestar social y económico de los colombianos”, sostuvo Montero.
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En ese sentido, agregó que el sector de juegos de suerte y azar no recibe subsidios ni exenciones especiales. Por el contrario, es un contribuyente sólido, con aportes que en 2024 superaron los $990 mil millones destinados a la financiación del sistema de salud, además de asumir obligaciones tributarias como IVA, impuesto sobre la renta, parafiscales y cargas impositivas locales.
“Reproducir narrativas contrarias no sólo es impreciso, sino que pone en riesgo la estabilidad de más de 150.000 empleos, favoreciendo la informalidad y la ilegalidad, que sí operan al margen de la ley y sin contribuir al país”, señaló.
Desde Fecoljuegos hacen un llamado firme a que cualquier debate en materia fiscal se sustente en criterios técnicos, con transparencia y en un marco de respeto hacia los sectores productivos que cumplen con sus obligaciones. “La industria de juegos de suerte y azar es parte activa de la solución fiscal del país, no un obstáculo ni un sector privilegiado”.
Añadió: “Reiteramos nuestra disposición a participar en los espacios de discusión que el Gobierno y los órganos legislativos consideren pertinentes, con el firme propósito de construir una agenda tributaria sostenible, equitativa y basada en evidencia. Para ello, es indispensable que el debate se base en datos reales y no en discursos imprecisos que afectan la reputación, la inversión y el empleo de un sector comprometido con la legalidad, la innovación y el desarrollo de Colombia”.
