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El Ministerio de Agricultura firmó una resolución que le daría autoridad para vigilar, controlar e incluso cerrar a los gremios del sector agrícola. Estas nuevas reglas de juego abarcan todo, desde pequeñas asociaciones de productores hasta asociaciones de campesinos que reclaman tierras, o las decenas de gremios de productores del sector.

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Esto implicará que el Ministerio de Agricultura pueda solicitar documentos, información financiera, estatutos y hacer visitas de inspección.

La vigilancia incluso puede implicar el poder de “desplegar acciones de advertencia, prevención y orientación” y las medidas de sanción incluyen “ordenar la adopción de medidas preventivas o correctivas”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ministerio podrá tomar la medida preventiva de intervención administrativa, la cual puede darse mediante un cambio temporal de administración, caso en el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá remover administradores para evitar afectaciones al sector, o a la asociación por la gravedad de las irregularidades detectadas”.

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Estos gremios del sector agricultor, como para mencionar algunos, son por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros, Fedepalma, Asocaña o la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Reacciones de gremios

En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, manifestó que esta resolución es gravísima, ya que en opinión del gremios va en contravía del Artículo 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el derecho de libre asociación y sin intervención del Estado.

“Son todos los artículos de la resolución completamente críticos, porque simplemente el Gobierno busca es tener injerencia y control de actividades que son de naturaleza privada, y dentro de esos puntos simplemente destacar que pretende el Gobierno tener la autoridad para interpretar los estatutos, remover los representantes legales y muchas otras”, dijo Bedoya a este medio.

En ese sentido, expresó que el Gobierno debe garantizar la libre asociación, ya que con esta resolución es todo lo contrario lo que el Gobierno de Colombia pretende hacer.

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Por último, sostuvo que el gremio “accederá a todas las herramientas legales que brinda la Constitución”.

A su vez, el Consejo Gremial Nacional, presidido por Camilo Sánchez, rechazó la resolución que “representa una grave extralimitación de funciones y una amenaza directa a la libertad de asociación”.

“Este es un nuevo intento del Gobierno por limitar la vocería legítima de los gremios y restringir el ejercicio de su labor en defensa del sector productivo. A esta resolución se suman otras acciones recientes que evidencian un patrón preocupante de hostigamiento y restricciones a nuestra labor”, puntualizó el Consejo Gremial.

En ese sentido, la organización que cubre los gremios económicos más importantes del país hace un llamado al respeto por la institucionalidad y reitera que la autonomía gremial es una garantía constitucional que no puede ser vulnerada por decisiones discrecionales del Gobierno.

“Seguiremos defendiendo con firmeza la libre empresa, la seguridad jurídica y el derecho de los gremios a representar los intereses del sector productivo sin presiones ni interferencia. Exigimos que el Gobierno reconsidere estas medidas y garantice el respeto a la libertad de asociación, piedra angular de la democracia y el desarrollo económico del país”, concluyó el Consejo Gremial.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, manifestó que la Resolución 52 del Ministerio de Agricultura vulnera el derecho constitucional a la libre asociación (Art. 38) y la libertad de empresa (Art. 333), recordando que la norma otorga al ministerio facultades de vigilancia que exceden su competencia, afectando la autonomía de gremios y asociaciones del agro.

“Los gremios no son subordinados del Ejecutivo. Son actores legítimos e independientes de la democracia. Desde AmCham Colombia hacemos un llamado a revisar su legalidad y conveniencia”, señaló Lacouture.

Expertos lo rechazan

Uno de los que más criticó esta resolución fue el ex ministro de Agricultura Andrés Valencia, quien señaló que “el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura tiene la intención de tomarse los gremios agropecuarios y quedarse con los recursos parafiscales.

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“No veo otra intención detrás. Una resolución del ministerio le está dando facultades para cambiar a los directores de los gremios e imponerles sanciones millonarias”, señaló Valencia.

Por su parte, el empresario, consultor y experto en temas del sector agropecuario Indalecio Dangond precisó que ojalá los dirigientes gremiales de la producción agropecuaria “no se aculillen y salgan a demandarla”.

En ese sentido, el experto manifestó que “esta arbitraria resolucion no aguanta una demanda ante el Consejo de Estado.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia escribió en su cuenta de X que esto “es una amenaza permanente a la independencia y autonomía de las agremiaciones”.

“¿Una retaliación, por ejemplo, a la Federación de Cafeteros donde el candidato de Petro perdió? El Gobierno pretende silenciar a los gremios. Quien se oponga a la agenda del Gobierno podrá ser removido y multado hasta quebrarlo. ¿Es esta la forma de iniciar la campaña para la consulta popular?”, dijo Valencia.