“En Colombia se dejó el gas al garete; dependemos del agua, pero tampoco hay”

Son tiempos retadores para el sector energético colombiano. Bien lo sabe Juan Ricardo Ortega, economista bogotano de 57 años, quien desde 2020 preside el Grupo Energía Bogotá, una multilatina con operaciones de energía eléctrica y gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.

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Con su habitual pragmatismo confirmó que por la escasez de energía y gas el valor de los servicios se encarecerá. Argumentó que la pérdida de la soberanía energética fue decisión del Gobierno que quitó el foco de los grandes proyectos de energía. También cerró filas en torno a la gestión del sector privado, al que se le acusa de enriquecerse a costa de la gente, y aunque anticipó que la actual crisis dolerá por un rato fue optimista al señalar que sí será posible darle la vuelta a este difícil momento.

El país tiene un sector eléctrico con empresas sólidas y calidad de capital humano, reconocido internacionalmente. Somos ejemplo mundial por la competencia, honestidad y transparencia de su institucionalidad. Eso no quiere decir que no podamos mejorar, pero debemos confiar en la competencia de nuestros ingenieros y de lo logrado por Colombia que ha aguantado fenómenos de El Niño severos, sin apagón. Ya nadie se acuerda de lo que fue eso. Las nuevas generaciones creen que la electricidad es una garantía. Por razones sociales está siendo casi imposible hacer los proyectos de transmisión y de generación en los tiempos planeados, no se culminan ni siquiera el 20 %. El Grupo Energía Bogotá tiene líneas de transmisión listas hace 10 años, pero el país no tiene infraestructura disponible y se está quedando sin cómo generar suficiente electricidad.

Hay días en los cuales la oferta en firme, es decir la electricidad que es 100 % confiable, es menor que la demanda. No ha habido apagones porque tenemos energía que no es en firme. Ese es justo un reto de la energía solar y la eólica, interrumpible porque pasa una nube y se pierde el 20 % de lo que generaba esa planta. El país ya está en un borde donde la oferta y la demanda son iguales y los sectores eléctricos son muy vulnerables a tener caídas en el momento en el que la demanda supere la oferta. Si no se ejecutan los proyectos, comenzaremos a sufrir desconexiones.

Todo conspira para que vayamos a escenarios de tarifas altas en múltiples dimensiones. Los proyectos baratos que tenían a $95 el kilovatio hora –para que tengamos un referente, en la bolsa de energía el precio oscila entre $400 y $800–, como los eólicos de La Guajira que tuvieron el cargo de confiabilidad por esa razón, pues ninguno de ellos está en construcción, ninguno. Y debían entrar en su totalidad en el 2022. La línea de transmisión para muchos de esos proyectos, gracias al apoyo del gobierno que se merece el crédito, estará lista en el 2026. El retraso es de cuatro años.

Si lográramos que la gente invirtiera nuevamente en proyectos de generación, estarían listos con suerte en el 2027. Tenemos una brecha de más de 4 gigavatios de potencia, entre 20 % y 25 % de todo lo que consume el país, que no están disponibles cuando se necesitan. Hay escasez y tenemos muchísimos problemas en la predicción del agua. La gente cree que la energía de las hidroeléctricas es gratis. El agua cae del cielo, uno no paga una factura por el agua que cae del cielo y cuando cae a la represa esta genera, entonces da la sensación de que esa energía es gratis.

El 77 % de la energía de Colombia usualmente es hidráulica. Colombia tiene regímenes de lluvia privilegiados. Esas enormes fuentes de agua nos dan casi toda la energía. Lamentablemente los ciclos se han vuelto impredecibles. Y ¿por qué es importante que la gente entienda por qué es costosa la energía de una hidroeléctrica? No porque el agua sea más cara del cielo, no porque uno esté pagando la infraestructura que ya se hizo, en el caso del Guavio en los años 80, aunque en el de Ituango se acaba de hacer, sino porque en un compromiso con el país se firmaron contratos para vender el 80 % de la energía de esas hidroeléctricas a precios razonables. Los contratos de Enel con Air-e eran a $280 el kilovatio hora. Y los generadores tienen que honrarlos, tengan o no tengan agua.

Enel, el año pasado, gastó $800 mil millones en honrar esos contratos comprando la energía a $1.000 pesos en bolsa. No es que le cobraron a la gente una fortuna para explotarla, sino que para cumplir con los contratos las empresas asumieron un riesgo y perdieron cifras inmensas de dinero. Que le digan a la gente que uno gana porque el precio de bolsa es alto es un desconocimiento profundo de la naturaleza de los contratos que son a 5 y 10 años, en los que uno se compromete a pagar la electricidad a un precio con una indexación generalmente amarrada al Índice de Precios al Productor (IPP) y no más. El riesgo de que no haya agua se asume al 100 %, de manera que, ¿cuánta gente puede hacer negocios tomando el riesgo de que Dios determine que llueva o no?

Los precios de los productos agrícolas también oscilan y nadie dice que los agricultores son unos ladrones. Aunque mire lo que pasa con el precio del café. Ya están diciendo que los cafeteros colombianos son ladrones, que tienen un precio ilícito porque el café está en casi 4 dólares. Pues no, los cafeteros asumen todos los años el riesgo de que haya sol y lluvia en los momentos que se requiere para la floración.

Actualmente, en las juntas directivas discutimos si los contratos de vender el 80 % de la energía potencial de una hidroeléctrica se pueden hacer a 5 y 10 años, porque ya nadie tiene ni idea qué va a pasar. Esa realidad nos afecta muchísimo. Uno ve a Perú o Brasil tomando decisiones muy estratégicas porque como el agua es incierta construirán la base de la energía sobre el gas. Pero dejamos que también se volviera escaso por decisión.

Que la escasez no es producto de nada distinto a una decisión. Y ahora que no hay gas, tenemos empresas especulando de manera muy agresiva con gas a 2 y 3 dólares que están vendiéndolo a 15 y 18 dólares con utilidades extraordinarias. Nunca nadie en el sector eléctrico ha tenido las utilidades que obtienen las industrias y productores de gas hoy en día. Y no son los distribuidores, ellos tienen que vender al precio que compran, son los productores que están haciendo unas fortunas inmensas.

Por la escasez de gas y porque en el Caribe no ha entrado al sistema ningún proyecto eólico, e insisto, ninguno está en construcción. El 10 % de la generación del país iba a estar en La Guajira para alimentar a la región. Esa era la gran esperanza. Se hizo una subestación gigante en La Loma para abastecer a la Costa. Al final, una gran apuesta en dimensiones visionarias, equivocada en el manejo social en gobiernos anteriores, pero no se concretan los proyectos.

El Gobierno nos ayudó muchísimo en la construcción de la línea de transmisión de energía Colectora que estará lista en agosto. Nosotros no estamos en el sector de generación, nuestra línea que llega a Cuestecita ya es un hecho, pero ahora no hay ningún proyecto construyéndose en el sur de La Guajira. Se han ido todos porque desconfían del país, tanto por las demoras y trámites y porque se ha generado incertidumbre sobre cómo se van a formar los precios. Uno no entierra plata sin saber si la recuperará, ante la incertidumbre no hay inversión y no tendremos la electricidad requerida.

Existen también debates en temas sociales y ambientales porque se perdió la capacidad de creer en la ciencia y la evidencia. Hidroituango, un logro de la ingeniería que merece el reconocimiento y la admiración de los colombianos, que permitió que el país no se apagara, es como un vaso que puede crecer más para darle más seguridad energética al país, pero la regulación ambiental no lo deja.

En Europa funcionan las comunidades energéticas, fuentes de energía distribuida a nivel de hogares o barrios pobres, que son una solución para ciertas poblaciones. Pero esa salida jamás generará el volumen de electricidad que el país o las regiones requieren. Entonces, por una preocupación de una población puntual muy marginada, sin duda, y que amerita una salida, quitamos el ojo de donde está la gran apuesta energética de Colombia que son los grandes proyectos de energía.

Colombia, país rico en recursos hídricos, debería explotarlos mucho más, como hace Noruega, pese a sus retos ambientales. Las hidroeléctricas son la generación más costo-eficiente, después está lo eólico en La Guajira, que debe ser una prioridad. El gas, la gran piedra de la discordia, habría sido la solución para que el Gobierno construyera lo que le interesaba a partir de este energético, poniéndole tope al costo de la electricidad. El gas es lo único que garantiza generación cuando se requiera, con plantas térmicas. Por ejemplo, Brasil y Perú han sido muy inteligentes en su manejo energético dándole una dimensión central al gas para que tenga un precio bajo.

Colombia le quitó la atención a un sector clave con un potencial que debería haber sido prioritario y nos quedamos sin reservas.

Sacar el gas que hay en el Piedemonte Llanero, en vez de reinyectarlo y construir una infraestructura para transportarlo. Garantizar que no se haga formación de precios por subastas. Regular el precio del gas nacional, ponerle un tope, porque la liberación de precios no funcionó, debido a que en Colombia hay monopolios y estos abusan, sean públicos o privados. También se deben establecer reglas para comprar el gas importado lo más barato posible, ya que en la actualidad a uno no le venden este gas a un precio fijo, sino que su precio es indexado y existe un riesgo, el cual no lo pueden manejar las empresas. Ese riesgo lo vivirán los consumidores por una decisión, insisto, de perder la soberanía energética, de la que depende la transición energética, y Colombia ya la perdió.

No conozco el tema a fondo para decir si lo hace bien o no. Pero Colombia tiene los recursos y perdió soberanía.

Si uno se imagina un mundo en el cual los servicios públicos se estatizan, como en buena medida ha hecho México o Sudáfrica, se puede tener un sector totalmente en manos de lo público. La pregunta de fondo es: ¿va a tener la misma calidad? ¿El mismo precio? A mí me dijo una poderosa senadora del Partido Histórico que tener utilidades es inmoral, que las empresas no deberían tenerlas porque le están quitando plata a la gente. Eso suena muy bien en la retórica, pero esconde una gran mentira.

Si el sector público fuera a hacer la infraestructura eléctrica, tendría que pedir el 100 % prestado y las tasas de interés, por la poca confiabilidad que tiene Colombia, estarían en el orden del 12 % o 13 %. Luego tiene que cobrarle a la gente 12 % o 13 % más para poder pagar la deuda. Además de las ineficiencias que siempre tiene el sector público por burocracias y clientelas porque van a nombrar a primos, sobrinos y tíos de todos los amigos. Esa es la realidad.

En nuestro caso, y todo se puede verificar en los reportes de Supersociedades, el Grupo Energía Bogotá no gana nunca más del 12 %, de hecho el rendimiento está entre el 8 % y 10 %, la tasa promedio del capital de inversiones es del 9 % y tenemos $27 billones invertidos en Colombia. Si metiéramos la plata en deuda nos iría mucho mejor. Mi deuda es mucho más barata que la de Ecopetrol y la de la Nación, porque nuestro manejo es serio, al igual que el de EPM o Isagen.

Es lo que nos permite salir y pedir prestado a largo plazo a 7 %, cuando el Gobierno no lo consigue por menos de 9 %. Cierto que este no tiene utilidades, pero sí más costos. Lo que me gano en utilidades es la eficiencia de poner el capital de una sociedad que ahorra juiciosamente como lo hace Bogotá y de conseguir deuda barata porque nos creen, no contratamos pendejadas y controlamos los costos de lo que hacemos y rendimos cuentas.

El problema del sector público es que no es capaz de gestionar, no ha podido nunca, porque no tiene gerentes, ni capital humano, ni cultura organizacional. Una empresa es confianza, a diferencia de un ciclo político que cuando se cierra barren con la gente, nadie confía en nadie, todo el mundo se queda callado para mantener el puesto y sin ocuparse de lo que importa, que es producir resultados.

Será duro, todo esto dolerá mucho por un rato, Colombia siempre logra dar la vuelta, pero no nos podemos seguir equivocando. El país tiene gente capaz de corregir esto rápido. El gran reto será recuperar seguridad tras el fortalecimiento de las AGC y el ELN y la debilidad de la fuerza pública.

En el sector energético, la capacidad de las empresas es berraquísima, será clave que el Gobierno cumpla sus deudas y, algo fundamental, se debe resolver lo de la opción tarifaria. El Ejecutivo presionó al Congreso metiéndola en el proyecto de ley de financiamiento. Si lo hubiera hecho por aparte, se lo habrían aprobado en 20 días con mensaje de urgencia, pero fue su decisión poner a la gente de la región Caribe como rehén para sacar lo que le interesa para su clientelismo y poder electoral en vez de resolver sus problemas. Además, está el tema de los subsidios.

Se están dando subsidios eléctricos a estratos 1, 2 y 3, por $1,2 billones al año, a gente que no los debe tener. Están mal asignados por errores en estratificación y el Gobierno sabe que se los están robando. En estrato 1, cómo es posible que una familia consuma 2.000 kilovatios hora, cuando el promedio es de 370 en Santa Marta u otras ciudades de la Costa. Se tiene que mejorar la estratificación y trabajar en nuevos códigos de construcción en términos de diseño arquitectónico y materiales para reducir las altas temperaturas por cambio climático. Los techos de zinc se deberían prohibir y los pavimentos no pueden ser grises porque absorben calor. Hay que hablar sobre alturas, sombras y en cómo maximizar el número de árboles. En definitiva, la eficiencia energética tendría que ser el centro de la discusión para bajar la cantidad de energía que se gasta en la región.

¿Sabía que un ventilador de techo consume la mitad de uno de pie? A la gente se le debería educar en ese sentido, darle precios por franjas horarias para que consuma en el día, en la mañana y no lave ropa en la noche cuando la energía es más escasa y, por tanto, más cara. Es fundamental que se instalen los medidores inteligentes con tecnología AMI para que controlen cuánto consumen en tiempo real desde su celular. Pero el Gobierno no ha querido nombrar comisionados de la Creg en propiedad para que resuelva precios por franja horaria.